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Editorial

Editorial: Una cadena clave para recuperar la confianza

JUEVES, 27 DE JULIO DE 2017
Publicado por

Equipo de Corresponsales



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El caso de las pensiones de invalidez a ex militares sanos sigue escalando. Desde la Subsecretaría del Interior se está a la espera de que termine la investigación administrativa para decidir si presentan una denuncia judicial. Mientras, el Ministerio de Defensa enviará los antecedentes a la Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado.

En medio de este escenario, desde la Fiscalía aseguran que en caso de que llegue una denuncia se investigará «con el mayor celo», según palabras de su máximo jerarca, Jorge Abbott.

La señal que da el fiscal nacional va en el sentido correcto: que se podría investigar para establecer si estas situaciones son o no constitutivas de delito. Es precisamente la justicia la que debe determinarlo, no la opinión pública, que muchas veces reacciona con una condena social previa a un dictamen de la justicia, pero que se enmarca en un complejo escenario de credibilidad que no solo afecta a los políticos o al sector público, sino que también salpica al sector privado y a otras instituciones que en el pasado se distinguieron por dar confianza.

Un caso que quedó al descubierto a través de un reportaje periodístico de TVN y que se suma a otras situaciones que también han reventado públicamente por la labor de la prensa. No solo a nivel nacional –donde el caso Caval es el más emblemático- sino que también en esta región: Irregularidades del Teatro Regional o una página web de turismo que no está funcionando a pesar de millonarios recursos del Estado, son algunos de los casos que se han conocido a través de las páginas de diario El Tipógrafo.

La labor de la prensa hoy juega un papel clave en medio de una crisis de confianza. Pero esta labor amerita ser realizada con profesionalismo y rigurosidad para poner ante los ojos de la opinión pública situaciones que podrían estar reñidas con la ética, la probidad, o que podrían ser catalogadas incluso como de irregularidades o inclusive constitutivas de delitos.

Por otro lado, la ciudadanía está juzgando, castigando y reprochando. Un escenario que obliga –de alguna forma- a devolverle a la ciudadanía está confianza perdida. Por ello, es clave que otras instituciones desarrollan su trabajo con transparencia y sin presiones. En este sentido, es la justicia –en los casos que amerite- la que debe establecer si existen situaciones reñidas con la legalidad y si así fuera aplicar las sanciones cuando ameriten. Pero son las mismas instituciones cuestionadas las que juegan un rol clave y deben dar señales claras y potentes de que estas situaciones no se repetirán en el futuro. Eslabones de una cadena clave para que la sociedad vuelva a recuperar esa confianza perdida.


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