El Sename, la descentralización, el aborto y la corrupción fueron los temas que se tomaron la cuenta pública en el Congreso. La última actividad de este tipo de este período parlamentario, de cara a una renovación total de la Cámara de Diputados a partir de marzo de 2018; y una parcial –de las regiones impares- en el Senado.
Por ello, en esta cuenta pública se puso especial énfasis en materia de corrupción. El más directo fue el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, quien instó a los partidos políticos a no llevar a candidatos a las elecciones de noviembre de condenados en materia de probidad o transparencia.
Incluso una de sus frases marcó el discurso: “no podemos permitir que por unos pocos que han obrado mal nos manchen a todos nosotros”.
La frase, si bien no está lejos de la verdad, impone un desafío. No son todos los personeros que han cometido conductas reñidas con la probidad o transparencia, pero han sido los suficientes para que la opinión pública emita una dura sentencia en cuanto a confianza y credibilidad.
Pero las señales deben ser lo suficientemente potentes para cambiar esta percepción. Y no solo con mejorar las leyes bastará, esto tiene que ver también con conductas más cuidadosas que eviten situaciones que se pudieran cuestionar o que empañen la labor de una institución en particular.
Hemos conocido casos reñidos con la probidad, otros que pueden ser constitutivos de delito, cuestionamientos por cargos con altos sueldos o de pensiones abultadas. Todas situaciones que causaron molestia en la ciudadanía, y que obligan a actuar con celeridad para evitar que se repitan en el futuro.
Para una democracia sólida es clave que la sociedad confíe en quienes lideran los destinos políticos y económicos del país. De lo contrario le abriremos paso a caudillos o personalismos –vemos los nefastos ejemplos en otros países- que terminan dañando finalmente el normal desarrollo de los países de la misma forma que lo haría una sociedad corrupta y poco transparente.
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