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Sename: basta de miopía política

JUEVES, 22 DE JUNIO DE 2017
Publicado por

Columna de Opinión



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Con claridad la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados ha expuesto como conclusión las situaciones de vulneraciones de derechos ocurridas en Sename. Una realidad que ha sido histórica y sistemáticamente evidenciada por la sociedad civil representada en organizaciones como la Red de ONGs de Infancia y Juventud (ROIJ), que en 2014 hizo una presentación a las Naciones Unidas del estado de los derechos de los menores de edad en Chile.

Es conocido por quienes trabajan en temas de infancia y juventud que la estructura administrativa y financiera, así como las leyes que las regulan, resultan altamente burocráticas y obsoletas, cuya implementación se traduce en los hechos de vulneración develados en el último tiempo.

La rigidez de la organización del Estado y la falta de voluntad política en esta materia no han permitido avanzar en los ajustes institucionales que se requieren para generar leyes y servicios acorde a los requerimientos actuales.

Por eso hoy resulta limitado que las recomendaciones emanadas por la Comisión Investigadora realcen la búsqueda de responsabilidades políticas y administrativas sin privilegiar un cambio estructural, que urge desde hace varios años.

La miopía e intereses políticos una vez más dejan en segundo plano la urgente necesidad de modernizar el Estado en materia de infancia. El contexto eleccionario resulta propicio para mediatizar críticas hacia el Sename, lo cual podría traducirse en invisibilizar el grave problema de fondo.

La protección a la infancia debe ser un tema que no se aloje en un Ministerio como el de Justicia si lo que se pretende es efectivamente avanzar hacia un reconocimiento de que nuestros niños, niñas y jóvenes son sujetos de derecho y que deben ser considerados como un eje central en cualquier proyecto país. Un sistema de garantías y protección a la infancia debe estar instituido en un organismo que sea más integral.

En la nueva política de Infancia 2015–2025 se consideró el diálogo de múltiples actores sociales y se propuso generar transformaciones importantes orientadas a generar un sistema de garantías de derechos, que resulta esperanzador en tanto declara la importancia de una mirada compleja de la realidad social y, por ende, de la necesidad de articulación de diversos ministerios y servicios que deben tener participación directa en un sistema integral.

No obstante, nada de ello es posible si no se hace una profunda transformación en sus componentes político, institucional y normativo. El aumento y mejor distribución de los recursos así como la organización de una institucionalidad transversal, que considere la participación de la sociedad civil en el seguimiento de la política de infancia y la consideración de invertir en capital humano y en infraestructura adecuadas debieran ser los puntos a debatir.

Considerando el escenario eleccionario, las recomendaciones de la Comisión y el interés país respecto al Sename debieran ir hacia la interpelación a los candidatos y proyectos sociopolíticos para que se pronuncien sobre los cambios estructurales que deben desarrollarse para instaurar un sistema integral de garantía de derechos de nuestros niños y niñas.

 

Ana Fuentealba

Directora Postítulo Niñez, Adolescencia y Familia en el contexto Socio Jurídico

Escuela de Trabajo Social UNAB


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