Tras reunirse con el seremi de Educación, Hernán Castro, el intendente Pablo Silva se refirió a la difícil situación que atraviesa la Corporación Municipal de San Fernando (Cormusaf), a raíz del pago parcelado de los sueldos de los profesores, que se suma a deudas previsionales, que tiene paralizadas las clases desde hace dos semanas.
Para Pablo Silva, la solución a esta crisis pasaría inicialmente por un tema monetario, que califica como lo más importante. Adicionalmente anunció que se fiscalizará con la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Educación y el Ministerio de Educación, las labores que ya se han estado realizando. Según el intendente, se va a vigilar atentamente el uso de recursos, relacionado a cuánto dinero se destina a cada labor y de qué forma se ocupará.
La autoridad señaló que se quería llegar a una solución integrando a la comunidad educativa, pero que ellos tuvieron una respuesta tardía al requerimiento del gobierno regional de hacer un petitorio.
El documento, que fue entregado el viernes por los profesores, tenía exigencias “mayores a las facultades legales”, según la autoridad, quien agregó que “ponen propuestas de definir ellos quienes son los que van a estar acompañando, tiene un montón de falencias que nosotros no podemos responder”.
La prioridad del gobierno regional es que los estudiantes regresen a clases y, por esto, una vez cancelada la deuda de remuneraciones se le pedirá a la comunidad que se reintegre. “Nuestra intención es que los niños vuelvan a clases, independiente de las presiones o acciones legales que se puedan ejercer en contra del municipio”, señaló el intendente.
Pablo Silva no descartó la intervención del Ministerio de Educación pero dijo estar preocupado por los plazos: “No podemos esperar que pase todo el proceso legal el interventor, nos interesa que los niños vuelvan a clases lo antes posible”.
Silva espera que los estudiantes puedan regresar a clases durante esta semana, y planteó que el proceso legal para llegar a la figura de un interventor tiene plazos inciertos: “Si este interventor demora un mes, dos meses, tres meses o seis meses en que se nombre, nosotros queremos que los niños estén en clases en ese período”, señaló el intendente.
Respecto a cómo se recuperarán las clases perdidas, la autoridad señaló que es una situación que tiene que analizar el municipio junto al Ministerio de Educación. Además, Silva señaló que un asunto a considerar es que muchos de estos jóvenes trabajan junto a sus familias en sus vacaciones, y que al limitar esta posibilidad se corre el riesgo de que se resten de la recuperación de clases.
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