Con el imputado sin emitir declaración se dio inicio al juicio oral por el homicidio de Joaquín Fernández, el estudiante que mientras iba jugando Pokémon Go perdió la vida, luego que un menor de edad lo apuñalara al intentar robarle su celular.
La Fiscalía comenzó con la presentación de pruebas para acreditar el robo con homicidio y así lograr la máxima sanción que establece la legislación chilena en este caso: 10 años de cárcel.
“Vamos a trabajar y vamos a ir evaluando, probablemente, incluso liberemos algunos testigos toda vez que ya la información que entendemos nosotros sea proporcionada por algunos, nos permitirá quizás economizar en este tema probatorio y todo tendiente a acreditar el hecho que estamos imputando en este caso”, indicó la fiscal a cargo del caso, María Pilar Moya.
Según los antecedentes expuestos en la primera audiencia de juicio oral, el 7 de septiembre de 2016 Joaquín Fernández -tras salir del preuniversitario- estuvo con unos amigos compartiendo hasta que decidió volver a su domicilio. Antes hizo una parada en el servicentro ubicado en avenida Recreo para cargar $2 mil para su celular y así –según la versión de sus amigos- jugar Pokémon Go hasta su casa.
Mientras iba por avenida Cachapoal, al llegar a calle Ercilla, el estudiante habría sido abordado por un menor de edad que venía en bicicleta, iniciándose un forcejeo que terminó cuando el celular de Joaquín -que pretendía robar el imputado- cayó al suelo. En segundos el detenido habría sacado una cortapluma, arma que supuestamente utilizó para atacar al adolescente, antes de huir en dirección por el poniente. El estudiante falleció horas después en el Hospital Regional de Rancagua.
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Pese a estos relatos entregados por los testigos, el defensor público, Rodrigo Cabezas, manifestó que su tesis apunta “a establecer con claridad, a través de los medios de prueba cuál fue la verdadera dinámica de los hechos. Nosotros creemos que se dieron de una forma distinta de como lo plantea el Ministerio Público, esa forma podría dar lugar a un delito distinto”.
Se estima que el juicio termine este viernes luego que la Fiscalía entregue a la terna de jueces sus antecedentes y así contrastarlos con los de la defensa del imputado. De ser así el lunes podría estar el veredicto dando paso a la sentencia, donde la Fiscalía espera de decrete lo máximo que contempla la Ley para los menores, 10 años de presidio efectivo.
Al respecto, la fiscal indicó que “la pena que nosotros estamos requiriendo es una de 10 años en un régimen cerrado, ese es el máximo que estamos pidiendo sin perjuicio de que el tribunal pueda disponer esa o una inferior, considerando o siempre respetando el mínimo, pero todavía estamos en el desarrollo del juicio”.
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