Como nunca antes un espíritu “patrimonialista” ha emergido en nuestra plaza, generando debate y movilizando la agenda académica; gubernamental; de la sociedad civil y del poder legislativo, dejando al descubierto, la necesidad de consolidar un orden jurídico que preserve eficazmente, nuestro patrimonio cultural, protegiéndolo de nuestro propio olvido, deterioro, obsolescencia e incluso especulación, en el caso de los inmuebles o barrios que lo conforman.
Al respecto, nuestro país ha suscrito distintos tratados internacionales que detallan el deber del Estado en la materia, además de darle un rango constitucional al considerar al patrimonio como parte del medioambiente. Más aun, desde 1925 lo salvaguarda principalmente bajo el alero del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Sin embargo, son múltiples las brechas que abordar, a fin de lograr una normativa suficiente.
En efecto, se ha propuesto en primer término incluir en la composición del CMN, miembros que brinden una mirada más universal – y no solo técnica -, capaz de representar a de toda la comunidad al momento de reconocer los valores y la identidad de un bien patrimonial. Se ha planteado, asimismo, la actualización de la norma que clasifica y trata las distintas categorías de patrimonio, a fin de que también las tradiciones, costumbres, industrias, entre otras, accedan a un mecanismo efectivo de salvaguardia.
Mención especial merece la “zona típica”, categoría a la que usualmente acceden los barrios para protegerse, pues en su concepción inicial, es sabido que a veces se ha sobre utilizado, facilitando el amparo de territorios que no tienen valor patrimonial; y en otras, tampoco logra amparar suficientemente determinados entornos. De seguro un gran avance será el reciente Reglamento que se publicó al respecto
Todas las anteriores son propuestas sensatas de abordar. No obstante, el gran reto de nuestro ordenamiento es lograr una regulación del patrimonio y evitar iniciativas que atenten contra su identidad como un mall en altura en Chiloé. Pero, con ello, también permitir y promover, proyectos e inversiones, públicas o privadas, que tiendan a su uso permanente y renovado, pues sabemos que solo de esa forma logramos que por ejemplo, sectores de Yungay, Cartagena o Valparaíso, no fenezcan en el deterioro a nombre del propio patrimonio. Este doble desafío es sin duda el paradigma a resolver de nuestra incipiente normativa patrimonial.
Fernando González Bodor
Abogado, académico Universidad Andrés Bello
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