A $17.500 millones asciende por ahora, según la Fiscalía, el fraude al interior de Carabineros. Un caso que ha ido en aumento, no solo por la cifra en cuestión, sino que también por el número de imputados.
En los últimos días se ha conocido públicamente parte de la declaración del ex general Flavio Echeverría, quien entre 2011 y marzo pasado ostentó el cargo de director de Finanzas de la institución.
Su testimonio además, ha revelado situaciones complejas en el funcionamiento de la policía uniformada. Todas son materias de investigación, pero dejan un manto de dudas respecto, por ejemplo, al uso de los gastos reservados. Solo el 40% de este ítem –según Echeverría- se habría destinado a lo que por ley correspondía.
Es entendible la molestia que en la ciudadanía ha causado esta investigación. Bullado caso además, porque ha sido tema de conversación en extenso en radios; y de titulares en prensa escrita y televisión.
Por ello, se hace urgente que la investigación que lleva a cabo la Fiscalía determine quienes son los responsables, pero también cómo se fraguó este fraude que implica a decenas de uniformados. Clave será determinar cómo se burlaron los débiles mecanismos de control, que obligan a realizar mejoras que eviten que situaciones tan graves como las conocidas últimamente se repitan.
Y esto es fundamental, porque hoy está en juego la imagen de la institución. En materia interna, por la sensibilidad que genera este tema y el golpe a la moral que ha generado en un personal que históricamente ha desarrollado su labor con sacrifico e integridad, posicionando a Carabineros, antes de que estallará este escándalo, como una de las instituciones más creíbles del país.
Y porque la gravedad de esta situación no debe, por ningún motivo, sacar de sus reales funciones a carabineros: Que son resguardar el orden público y prevenir actos delictivos. Función por la cual la ciudadanía ha sentido confianza y credibilidad a lo largo de sus 90 años. Características por las que se debe seguir posicionando frente a los chilenos, pero que deben ser reforzadas con señales que emanen desde la institución lo suficientemente potentes para prevenir y evitar nuevos perjuicios para el país.
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