El próximo 12 de abril se realizará en el Juzgado de Garantía de Peralillo la audiencia de formalización contra los ejecutivos de CGE, Pablo Yáñez y Patricio Reyes, por su presunta responsabilidad en los incendios forestales en Pumanque y Paredones. De cara a esta instancia judicial los abogados de los imputados solicitaron al fiscal nacional, Jorge Abbott, iniciar un sumario contra el fiscal jefe de O’Higgins, Emiliano Arias, y removerlo de sus funciones.
El 24 de febrero los abogados Cristián Muga, Leonardo Battaglia y Rodrigo de la Barra, ingresaron a la Fiscalía Nacional un escrito de 18 páginas con las razones para que la máxima autoridad del Ministerio Público tomara acciones contra Arias, ya que a su juicio la indagatoria ha generado “un grave perjuicio” a sus representados.
Los abogados acusaron que a pocos días que ocurrieran los incendios forestales los ejecutivos fueron sindicados por el fiscal regional como los responsables de la tragedia, provocada por los múltiples incendios entre diciembre y enero en la Región, quebrantando los “principios de objetividad y obligación de abstención de opinión previa que pesan sobre todo funcionario público y, en especial, sobre los fiscales”.
En este sentido los abogados puntualizaron que en las declaraciones a los medios de prensa el fiscal regional, a horas de iniciado el incendio en el sector de Nilahue Barahona, en Pumanque, aseveró que las causas de los siniestros eran de naturaleza eléctrica.
“Lejos de tener cautela de poder investigar otras hipótesis alternativas, el fiscal vuelve a afirmar que las causas del incendio se producen por fallas eléctricas y que eso conlleva responsabilidad penal, incluso dando a entender públicamente cuáles serían los cargos penales que se le atribuirían a quien entiende responsable, que como él mismo señaló, correspondería a nuestra compañía”.
En el escrito los abogados también cuestionaron las citas que Arias mantuvo con los afectados de los incendios en Pumanque y Paredones, quienes –mediante transcripciones- exponen las conversaciones que el fiscal regional tuvo con las víctimas de los incendios, invitándolos a participar del proceso penal. Sin embargo, a juicio de los legistas la actividad “tenía un grupo de destinatarios más amplio que las víctimas, al menos en el sentido que exige el Código (Penal)”.
Esto va de la mano con la alegación de los abogados de que Arias habría infringido el artículo 64 de la Ley 19.640, Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual dispone que “los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones”.
De ser aceptada la solicitud de las defensas de los ejecutivos de CEG, esta sería la segunda vez que Abbott decreta un sumario contra el fiscal jefe de O’Higgins. El primero fue luego que este declarara contra los imputados del caso Corpesca, que él presidia, generando que fuera removido de la investigación por presuntos pagos a pesqueras nacionales.
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