La critica situación que enfrenta MasVida ha producido que más de 15 mil usuarios se cambiaran de esta isapre movidos por la incertidumbre sobre el futuro de la empresa. Pero ya nadie más podrá abandonar la institución, según lo anunció durante la semana pasada el Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, quien suspendió las desafiliaciones hasta el 31 de marzo.
El argumento que esgrimió el estamento gubernamental se atañe a “garantizar que la continuidad operacional de la isapre, que permita el respeto de los derechos de las personas y la continuidad de su atención de salud”.
Sin embargo, el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, Enrique Marinao, no concuerda ni con la medida ni con el argumento utilizado: «El corralito solo busca salvar a la empresa”, asegura el experto -haciendo un paralelo con la medida adoptada por Fernando De la Rúa en Argentina el 2001 para salvar el sistema bancario- , agregando que “la mala gestión fue siendo encubierta. Esas integraciones, hacia adelante y hacia atrás, si bien son parte de una buena estrategia para administrar un negocio, tiene que saberse hacer, pero aquí hubo intereses cruzados de todos lados”, explica.
MasVida, una de las isapres más grandes del país con un aproximado de 500 mil clientes, ha tenido un último año financiero muy complejo y sus usuarios han sufrido con las cancelaciones de prestaciones por clínicas a la isapre.
“Cómo se les ocurre dejar a 500 mil personas del país en estado crítico, pensando si tienen derecho o no a que los vea un médico. El Estado viene mirando el techo hace mucho tiempo. Le da lo mismo lo que pase con sus ciudadanos”, critica sobre la parcial intervención del Estado en la empresa de salud, que en su opinión no sólo actúa en contra de los intereses de los ciudadanos sino que se contradice con los principios de nuestro sistema económico. “No se puede tener de rehenes a miles de chilenos, porque si estamos en una economía de libre mercado, el consumidor del sistema de salud tiene que tener la potestad de elegir el mejor servicio”, dice el experto.
Marinao finaliza criticando no sólo la resolución en particular sino el vacío legal de protección al usuario en esta área. “No existe una legislación que corresponda para velar por los derechos de los usuarios del sistema de salud. Estamos en una situación de total indefensión”, concluye.
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