Comentario jurídico: El Estado de Derecho

El 15 de junio de 1215, el rey Juan Sin Tierra firmó la Carta Magna, que le fue impuesta por los barones y obispos ingleses, documento que se conoce como la cuna del constitucionalismo occidental. En dicho documento, suscrito en los verdes prados de la entonces alegre Inglaterra, nació el debido proceso, el habeas corpus, el Parlamento y muchas instituciones que hoy caracterizan el mundo en que vivimos.
Tal vez lo más relevante fue oír los primeros vagidos del estado de derecho, concepción jurídica del más alto rango, que nos dice que tanto los gobernantes como los gobernados, deben someter su voluntad al mandato de la ley, agregando la doctrina moderna que debe ser embebido de la buena fe, dejando fuera los odiosos resquicios legales, que tanto mal le hicieron a nuestra patria cuarenta y tantos años atrás.
El estado de derecho es una carga para los gobernantes y demás instituciones del Estado, cualesquiera que sean, porque la sumisión al mandato de la ley obliga a aplicarla, aun cuando no nos guste, o pueda violentar creencias propias hondamente arraigadas. Servir al pueblo significa precisamente eso: atender a su protección, a su seguridad, a mantener el orden y el respeto al derecho, darle eficacia al ordenamiento jurídico. Quien sirve un cargo público y no se siente capacitado a darle la recta aplicación a la ley, tiene una sola salida: renunciar, volver a ser un simple ciudadano, porque en esa calidad, puede obrar del modo que le plazca.
Ejercer un cargo público y no aplicar la ley de buena fe, en su recto sentido, es demoler el estado de derecho, es una conducta grave y ofensiva a la voluntad popular, que genera responsabilidades políticas, administrativas, civiles e incluso penales, que pueden ser perseguidas y sancionadas.
Para tales efectos, existe la llamada “oposición”, formada por quienes dicen no concordar con los programas o ideas de quienes gobiernan, y se les elige precisamente para fiscalizar que el estado de derecho se cumpla y para que el ordenamiento jurídico tenga eficacia. Ser oposición es también una carga, porque significa asumir la obligación de censurar las conductas gubernamentales que se estiman inconvenientes para el interés nacional, le moleste a quien le moleste. Ser opositor no es para timoratos, acomodaticios o personas que quieren estar bien con dios y con el diablo, basta estar bien con el primero.
Pues bien, contemplamos el escenario de la Araucanía, en llamas, y nos preocupa que el gobierno no cumple su deber, aunque le moleste, cual es reconocer que existen actos de terrorismo y aplicar la ley existente para su persecución; vemos reaparecer los resquicios, deduciendo querellas por delito de incendio y porte ilegal de armas, tipos penales que no vienen al caso ni remotamente; y no vemos actuar a la oposición, que se mantiene silente, preocupada intensamente de alcanzar cargos parlamentarios y estar en la foto para asumir cargos en el próximo gobierno. Juan Verdejo solo como un dedo.
¡Aún tenemos patria, ciudadanos! Optimista como soy, no pierdo las esperanzas de que este escenario inadecuado se supere y cambien las cosas. Aunque, para ser franco, pocas esperanzas me acompañan.

Mario Barrientos Ossa.
Abogado.
Magister en Derecho U. de Ch.
mboycia@123.cl.