Comentario jurídico: El derecho a huelga

Publicado el 16 Marzo, 2017 Por Columna de Opinión

Los sucesos de la minera La Escondida, con una huelga que se va prolongando y con atisbos de actos de violencia, así como la pronta entrada en vigor de la reforma laboral, a contar del 1 de abril próximo, ponen este derecho laboral en el tapete de la actualidad. Sabido es que en la mal […]

Los sucesos de la minera La Escondida, con una huelga que se va prolongando y con atisbos de actos de violencia, así como la pronta entrada en vigor de la reforma laboral, a contar del 1 de abril próximo, ponen este derecho laboral en el tapete de la actualidad.
Sabido es que en la mal consolidada reforma, quedaron diversos tópicos fuera de una regulación detallada, como lo exige el proceso de negociación colectiva formal, que es un procedimiento reglado, como garantía para las partes intervinientes.
La sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en una presentación hecha por parlamentarios de Oposición, concluyó en que no se puede hacer distingos entre los sindicatos y los grupos negociadores, que se organizan para el solo efecto de negociar con la empresa, concluyéndose por lógica jurídica elemental que, entonces, tales grupos negociadores tendrían derecho a huelga, la que no está regulada ni concedida explícitamente en la ley a su respecto. Se quedó en el tintero la preceptiva que debió dictarse.
Con razón se dice que habrá un proceso de judicialización de estos puntos no resueltos, lo que significa que será el juez del trabajo el que deberá resolver, en cada caso, la procedencia o improcedencia del uso de este derecho tan importante.
Pero, es importante reflexionar acerca del significado y consecuencias de una huelga.
Como primer punto, no se puede ni debe confundir la huelga, que es legal y está consagrada en el Código del Trabajo, como consecuencia de un proceso negociador, con el paro ilegal, que se produce al margen del procedimiento reglado, o respecto de quienes no tienen, excepcionalmente, el derecho a la huelga, como es el caso de los funcionarios del Estado, por mandato constitucional. El paro ilegal es causal de destitución, deben descontarse los días no trabajados, y constituye una conducta vedada.
En el caso de la huelga, debemos recordar que luego de fallos dictados por la Corte Suprema, quedó establecido que el empleador no puede reemplazar a los trabajadores que declaran la huelga, principio que ahora quedó formalmente incorporado en el Código del Trabajo, poniendo fin a la discusión.
Pero, se abrió el debate acerca de la permanencia, durante la huelga, de un grupo reducido de trabajadores que mantenga las actividades esenciales de la empresa, pues el derecho de los trabajadores a paralizar sus actividades, no puede traducirse en el derecho a dañar a aquella. Apagar un alto horno, o una fundición, a causa de una huelga, puede costar semanas volver a hacerlos funcionar adecuadamente, por lo cual el daño producido sería enorme. La ley dejó la determinación de aquellos turnos de emergencia en una situación poco clara, en cuanto a los trabajadores que deben constituirlos y las funciones que deben llevar a cabo, lo que necesariamente va a generar la misma judicialización de que hablábamos respecto de la huelga de los grupos negociadores.
Hay un principio que es inconcuso: los trabajadores tienen derecho a hacer uso de la huelga como un elemento de presión para obtener un justo contrato colectivo, que los beneficie de la mejor manera. Pero la huelga no puede ser violenta, no puede afectar los intereses vitales de la empresa, no puede ser una herramienta de destrucción. De allí la relevancia de una preceptiva acotada y justa.
Mario Barrientos Ossa.
Abogado.
Magister en Derecho U. de Ch.
mboycia@123.cl.

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