El abogado representante de los afectados y especialista en derecho penal, César Zamorano, entregó detalles de la causa originada tras la denuncia de tres ex funcionarios de la Municipalidad de Graneros, quienes se querellaron contra el jefe comunal, Claudio Segovia y quienes resulten responsables, por presuntamente emitir boletas falsas a su nombre desde el año 2013,
El abogado explicó que los ex funcionarios “fueron contratados para servicios habituales o comunes de la municipalidad, como servicios de aseo y de vigilancia, y les dijeron que no los podían contratar, sino que tenía que ser con boleta”. Agrega que “en algunos casos le hicieron iniciación de actividades y en otros, simplemente le pidieron sus claves, y el alcalde, por intermedio de algunas personas de confianza, tomaban las boletas y las emitían”.
Las dudas de los trabajadores surgieron debido a que “la gente se asustó porque, al ver las noticias que los ‘boleteros’ empezaron a ser juzgados, se preocuparon y pidieron que se revisara la situación de las boletas”.
“La gente se preocupó y fue a preguntar por el estado de las boletas emitidas, para verificar que estuviera todo en regla, y se encontraron con que en algunos meses había dos y hasta tres boletas por servicios supuestamente prestados y que no se habían realizado”, argumenta el denunciante.
Por esta razón el representante de los afectados sostiene que ellos buscan que “se aclare qué personas fueron o, al menos, que se aclare qué equipos computacionales fueron los que emitieron esas boletas falsas”.
En ese contexto, Zamorano detalló que “se pidió que la Brigada de Delitos Informáticos de la PDI tome estas transacciones, las revise y determine cuáles son las direcciones IP desde las cuales se generaron y con eso se puede establecer en qué lugar estaba físicamente el equipo. Si nos enteramos que el equipo estaba en la Municipalidad de Graneros, va a ser muy complejo”.
Respecto a los presuntos responsables y las penas que arriesgarían de comprobarse irregularidades, el abogado sostiene que “hay que ver qué decisiones son las que toma la Fiscalía, por qué delitos persigue”. Sin embargo, adelanta que “por el tipo de delito y el concurso que habría, en abstracto, correspondería una pena de crimen, es decir, arriesgarían penas de cinco años y un día hacia arriba, sin pena sustitutiva”.
En cuanto a la posible participación del alcalde de Graneros en los hechos, el profesional sostiene que “si la investigación de la Fiscalía determina que él (Segovia) participó directamente en la emisión, o que dio la orden de emitir las boletas, o que sabía lo que se estaba haciendo, él es partícipe y eso significa responsabilidad penal y como pena accesoria está la inhabilitación para cargos de ejercicio público”.
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