Mucho se habla sobre la importancia de la renovación, especialmente en momentos donde escasea la confianza hacia la actividad política. Uno escucha de todos los sectores una crítica hacia lo grave que es que los mismos de siempre roten entre distintos cargos. ¿Cuál sería la gravedad de aquello? Que impide la llegada de nuevas ideas y permite fundar la percepción de que la actuación pública, más que un fruto del mérito, es resultado de los contactos en las cúpulas partidarias.
Lamentablemente las contradicciones en estos temas son increíbles. ¿Cómo se explica que Gobierno proponga que los parlamentarios puedan postular a los nuevos cargos de gobernador regional (dígase, intendente) sin tener que dejar sus puestos? ¿Cómo no se ve la tremenda injusticia que eso significa, en cuanto los candidatos nuevos no contarían con la espalda del cargo parlamentario para competir en igualdad de condiciones? ¿Cuál es el concepto de democracia que hay detrás? ¿O en realidad de lo que se trata es intentar acomodar a los distintos diputados y senadores, de manera que aprueben el proyecto por conveniencia?
La suma entre los límites de la legislación electoral (tanto en publicidad como en los plazos); los pésimos mecanismos de generación de recursos (con cuentas del Servel que funcionan con una lentitud simplemente inexplicable); y ahora estos beneficios para los que están en cargos públicos (quienes por lo demás no tienen tope en sus reelecciones y se eternizan en los cargos) se traduce en que los candidatos renovadores compiten en una cancha completamente desnivelada. Digámoslo fuerte y claro: acá se está configurando una democracia protegida para los incumbentes, que hace de la renovación un discurso vacío y oportunista.
Afortunadamente la ciudadanía ya se ha dado cuenta de estas prácticas monopólicas, rechazándolas categóricamente. Así, lo que se espera es que todo aquel que ejerce un cargo de elección popular lo haga hasta que termine su período; o renuncie al menos un año antes (como han tenido que hacerlo los CORES para ser candidatos a diputado), de manera de no valerse (aunque sea indirectamente) de recursos públicos para fundar su candidatura. Toda legislación que contradiga esta idea no solo es mala, sino que desprestigia a aquel que se vale de ella.
Creer en la renovación política como parte del desafío de recuperar la confianza pública no puede ser solo un lugar común de un discurso vacío. La ciudadanía debe estar atenta a las decisiones de sus parlamentarios y otros representantes populares. Porque más se habla con las decisiones (o votos en el Congreso), que con la boca.
Diego Shalper.
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