Editorial: El deber de denunciar

Publicado el 11 Enero, 2017 Por Equipo de Corresponsales

Casos como Caval o SQM han sido un duro lo golpe  a la confianza que la ciudadanía ha depositado en las instituciones y en quienes los representan. Las colusiones que en los últimos años se han conocido en materia económica se han transformado en un fertilizante de la desconfianza que se ha creado en este […]

Casos como Caval o SQM han sido un duro lo golpe  a la confianza que la ciudadanía ha depositado en las instituciones y en quienes los representan. Las colusiones que en los últimos años se han conocido en materia económica se han transformado en un fertilizante de la desconfianza que se ha creado en este país producto de situaciones que empañan a varios sectores.

Por ello hoy existe en la sociedad chilena menos margen para aceptar cualquier situación que podría reñir con la ética, la probidad o que tenga atisbos de irregularidad.

En este escenario, estos últimos días los ojos están puestos en el Teatro Regional de Rancagua. Un recinto que en los últimos años destacó por traer cultura y espectáculos de primer nivel a esta zona, pero que se ha visto empañado porque, según asegura el alcalde Eduardo Soto, “hay situaciones que nos merecen dudas”. Fue el propio edil quien reconoció “inconsistencias de carácter administrativo, que obviamente tienen vinculación con el área económica”.

¿Qué es lo que espera la ciudadanía cuando ocurren este tipo de situaciones? Que la autoridad reaccione. No espera que emitan un juicio o realicen una condena pública ante un determinado hecho, porque sus facultades no van en esa línea. Se espera que actúen no solo por una imposición legal, sino que por un deber moral y tomen las acciones pertinentes cuando existen situaciones que podrían tener ribetes de irregularidad, colocando los antecedentes que manejan en los órganos competentes. Es, en otras palabras, que actúen con la transparencia que la ciudadanía exige.

Y en este sentido, el órgano competente es la justicia. Quedará en manos de tribunales ahora determinar si en relación a estos hechos  existen presunciones fundadas para iniciar una investigación formalizada o no. Es la justicia la llamada a esclarecer a qué se deben las “inconsistencias” que el municipio detectó en el en el Teatro Regional.

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