En 2012, “el mejor censo de la historia”, como lo llamó la administración de la época, resultó ser un fracaso. Es que un año después comenzaba a quedar al descubierto una serie de situaciones que afectaban la credibilidad del proceso que, entre otras cosas, había cambiado su figura histórica y pasaba de un censo de hecho a uno de derecho, ya no se realizaría en un solo día –sino que en tres meses- y que además tendría censistas remunerados.
Falta de planificación, manipulación de datos, irregularidades administrativas fueron algunas de las conclusiones de la comisión investigadora creada para estos fines en la Cámara de Diputados.
Es que los errores del último censo traen consigo consecuencias serias. Por ejemplo, impiden una correcta asignación de fondos públicos, así como el diseño de políticas focalizadas y eficientes; y termina por empañar la confianza de las cifras que muestra el país en el exterior, como miembro integrante de la OCDE.
Por ello, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet tomó la determinación de realizar un nuevo censo, ahora en abril de 2017. Este tendrá características especiales, por ejemplo, constará de solo 21 preguntas, esencialmente demográficas y con algunas relacionadas a viviendas. Además, vuelve a ser un censo de hecho, que se realizará en un solo día –el 19 de abril- y que fue declarado feriado.
Un censo es clave para el país. Por ello, las irregularidades detectadas en el proceso que se llevó a cabo en 20212 impiden que sus resultados puedan ser aplicados para la creación de correctas y focalizadas políticas de Estado, para la toma de decisiones tanto en el ámbito público como privado o para contar con una información crítica que nos permita conocer cuáles son las necesidades de este Chile del siglo XXI.
No tener datos concretos obviamente atenta contra un destino eficiente de los recursos públicos. Los mismos recursos públicos que hoy se deben destinar de forma adicional para corregir un muy mal ejecutado censo en 2012.
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