La Contraloría General de la República informó que no tomará razón de los decretos con fuerza “que fijan los estatutos de la Universidad de Aysén y de la Universidad de O´Higgins, respectivamente, por cuanto algunas de sus disposiciones no se ajustan a derecho”.
El texto firmado por el contralor general de la república, Jorge Bermúdez, objeta la letra e) de los artículos 17 de dos decretos con fuerza de ley -que otorgan al rector la atribución para conferir los grados académicos, títulos profesionales y técnicos de nivel superior “a los estudiantes que aprueben los requisitos correspondientes”-, ya que de acuerdo con lo ordenado por el artículo 6° de la citada ley N° 20.842, compete a dichas casas de estudios superiores -y no a alguna autoridad de las mismas- otorgar los mencionados títulos y grados.
Asimismo, corresponde observar artículos en los cuales se prescribe que le corresponderá al rector fijar la planta del personal académico y de colaboración, pudiendo al efecto crear, modificar y suprimir cargos.
El informe señala que si bien se le otorga al rector la facultad para “resolver conflictos de autoridad que se sometan a su decisión”, no se advierte el alcance de la expresión “conflictos de autoridad” ni se precisan quienes pueden someter tales conflictos a la resolución del rector.
También por falta de precisión deben objetarse los artículos 20, letra c), de los documentos en estudio, que prevén como causal de remoción del rector la “Contravención grave de la normativa”, ya que no se indica ni genéricamente a qué clase o tipo de preceptiva se refieren esas disposiciones.
Además, Contraloría subraya que “los estatutos de las Universidades de Aysén y O´Higgins no consideran las unidades responsables del manejo contable, financiero y presupuestario, situación que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio, letras d) y h), de la ley N° 20.842, que exige que dichas preceptivas contengan la estructura administrativa esencial encargada de la gestión presupuestaria”.
Mineduc le baja el perfil
Desde el Mineduc, en tanto, reconocen que el viernes pasado Contraloría envió un oficio en el que informa que se abstiene de tomar razón de los estatutos de las nuevas universidades estatales de O’Higgins y Aysén, dando cuenta de las observaciones formuladas.
El Mineduc explica que se trata de “un oficio devolutorio, mediante el cual Contraloría solicita que se realicen ajustes a los estatutos”.
El paso a seguir es que el Ejecutivo subsane las observaciones formuladas y reingrese los estatutos para la toma de razón de Contraloría. “Es importante señalar, que este proceso es parte del trabajo regular de Contraloría al momento de tomar razón de distintos documentos”, señala el Mineduc.
Desde el organismo público aseguran que “el envío de este oficio no interfiere en absoluto el funcionamiento actual de ambas casas de estudio, dado que las universidades siguen funcionando con normalidad, con apego a las normas básicas de funcionamiento que las regulan, consagradas en el Decreto 414, de Educación, de 2015, y que se encuentran plenamente vigentes hasta la total tramitación de los estatutos definitivos de las universidades”.
Por lo mismo, el Ejecutivo reingresará el documento de respuesta en los próximos días, de modo de poder contar con toma de razón de los Estatutos de ambas universidades “con la mayor antelación posible”.
Desde el Mineduc recalcan que “dado que las normas básicas de funcionamiento de las nuevas universidades están plenamente vigentes, condición que mantendrán hasta la total tramitación de los nuevos estatutos, esta situación no influye en absoluto en el proceso de matrícula de la cohorte 2017, el cual se encuentra en curso sin inconvenientes, así como tampoco afecta en el inicio del año académico, que ambas Universidades tienen previsto para marzo de 2017”.
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