Independientemente de que, está claro… ¡no existe una estrategia (al menos efectiva) de prevención de ocurrencia de incendios forestales y de flora nativa, así como tampoco para enfrentar tales eventos en una etapa temprana y menos aún cuando éstos se descontrolan!, hay un punto que me parece siendo de la mayor relevancia, no ha sido abordado de la manera correcta. Me refiero a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Regional sobre la responsabilidad que podría caberle a la distribuidora eléctrica CGE.
El 17/01/2017 este mismo medio publica una información que reza… «Desde el segundo semestre del 2016, el Ministerio Público, tras las denuncias recibidas por Conaf, comenzó a indagar las causas que originarían los incendio forestales en O’Higgins. De este modo, el fiscal regional, Emiliano Arias, creó un grupo especializado para investigar, encontrando un factor común: problemas de mantención en la red de distribución eléctrica.», y continua con una declaración del Fiscal Arias… “Este tipo de incendios nos llevó a investigar la hipótesis negligente en relación a la causa, lo que acarrea responsabilidad penal. Es un delito especial de la Ley de Bosques, un incendio que es producido por negligencia, en el mantenimiento del cableado, de los postes de alta tensión, de las torres.» Y precisamente este es el punto relevante.
Porque si se hace una lectura correcta lo que «nos dice» la información, ello es que… teniendo la Conaf antecedentes fundados sobre las causas que provocan los incendios (al punto de servir para el Ministerio Público abriera una investigación), ¡actuó de manera absolutamente negligente! Ello al no notificar de manera perentoria a la CGE, para que ésta procediera -en cumplimiento de la legislación vigente-, a efectuar «…el mantenimiento del cableado, de los postes de alta tensión, de las torres.» Una inacción que nos podría llevar a una paradoja, cuál es el que el propio Ministerio Público deba ahora no solo investigar probables responsabilidades legales de la CGE, sino también las de Conaf, y pone al menos en cuestión el que, teniendo claro la función del Ministerio Público es investigar los hechos constitutivos de delitos, éste no haya tenido el «criterio» para advertir el actuar negligente de la CGE podría tener como consecuencia el poner en riesgo no solo recursos naturales, sino además bienes, e incluso… ¡la vida de las personas!
Roberto Olivares Pizarro
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