El año 2014 el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, visitó la provincia de Colchagua y en la instancia anunció que se realizarían las obras de ampliación para la ruta 90, que une las ciudades de San Fernando y Santa Cruz.
En la ocasión el titular del MOP aseguró que los trabajos serían costeados por el gobierno. “Es una obra que haremos por Vialidad y no por concesiones. El subsidio es tan grande para hacerla por este último sistema que finalmente no tiene sentido mover toda la máquina estatal para ello si por esos montos de subsidio lo podríamos desarrollar por Vialidad”, sostuvo Undurraga en la instancia.
Más de dos años han pasado de ese hito y las obras aún no ven luz verde y, peor aún, podría haber un cambio a la iniciativa. Ante esta situación el diputado por el distrito 35, Ramón Barros (UDI), criticó que “durante la discusión del presupuesto en la subcomisión de Obras Públicas y ante la pregunta al director nacional de Vialidad, este respondió respecto a la ruta San Fernando-Santa Cruz, la cual fue anunciada con bombos y fuegos artificiales, que producto del cambio de diseño original, entró a rediseño y que estos estarían terminados hacia el año 2017, con lo cual se demoraría cerca de tres o cuatro años más, al menos”.
Además del retraso, el parlamentario advirtió que en la misma instancia se anunció que “están pensando concesionar esa ruta, y eso es un cambio en lo que se dijo siempre, en orden a que esa iba a ser una carretera construida por el Estado, que probablemente solo iba a tener un peaje en el cabezal del valle”.
Estos anuncios se suman a que “desde hace algún tiempo me fijé que la etapa que está en desarrollo, que es la construcción del puente dos sobre el río Tinguiririca (…), tenía un plazo de entrega de 470 días a partir del 3 de abril del año 2017. Ese plazo ya está cumplido y no hay para cuando ese tema quede subsanado”.
Con estos antecedentes el diputado cuestiona que desde el gobierno “se cambiaron las reglas del juego” y criticó la falta de información entregada respecto a la carretera, ya que “era una obra que, en teoría, se estaba ejecutando”.
Ante este escenario, Barrios emplazó al Ejecutivo a que “tome una determinación y nos dé la información correspondiente”, ya que “no puede ser que uno se entere buceando en el acta de la subcomisión de Obras Públicas de estos temas”, y agregó que la situación es “gravísima y lesiona la credibilidad de la gente en cuanto a todo lo que se había anunciado”.
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