Esta semana será clave para la negociación entre los empleados del sector público y el gobierno por el reajuste salarial que exigen para el 2017. La situación ya lleva varias semanas en discusión y durante los últimos días el Ejecutivo y los funcionarios fiscales han mantenido firmes su postura.
En primera instancia los miembros de la Mesa del Sector Público (MSP), pidieron un reajuste del 7,5%, situación que fue desechada desde el gobierno, quienes ofrecieron solamente un 2,9%, situación que generó las primeras molestias en el sector público, quienes accedieron a bajar su requerimiento a un 7,0%.
La negociación se ha vuelto tensa, lo que ha quedado demostrado en las manifestaciones, las que han logrado gran concurrencia por parte de los funcionarios. De hecho, en la última marcha convocada por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), en la Región de O’Higgins la adhesión se cifró en un 90%.
Situación que podría repetirse si es que sus demandas no son escuchadas, ya que -a su juicio- el 2,9% ofrecido por el Estado no es suficiente. “Estamos planteando que esta negociación sea el IPC (Índice de Precios al Consumidor) más un reajuste, eso es lo razonable y hoy ni siquiera hemos alcanzado el IPC, que está en el orden del 3,7; 3,9%”, explicó el presidente Anef, Juan Rozas.
Al cierre de esta edición, desde la Anef aseguraron encontrarse en reunión nuevamente con representantes del gobierno. En la instancia se analizarían nuevas propuestas de ambos sectores. Sin embargo, de no llegar a acuerdo, desde la asociación, advirtieron que podrían realizar una paralización de actividades, esta vez por a lo menos, tres días.
La situación traería graves consecuencias a los usuarios, puesto que no solo se sumarían los emblemáticos servicios como Serviu, IPS y Fonasa, entre otros, sino que se adherirían colegios municipales y jardines infantiles.
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