El conflicto entre el gobierno y los trabajadores del sector público, debido a las dificultades para lograr un acuerdo por el reajuste salarial, continúa. Esto debido a que, en la negociación de este lunes, los representantes del Ejecutivo llegaron con una oferta de aumento de 3,2%, muy por debajo del 7% exigido por los funcionarios del Estado.
El presidente regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Juan Rozas, calificó la propuesta del gobierno como “mínima” y “casi insultante”. Por ello, asegura que en el gremio “estamos preocupados por la actitud que ha tenido el gobierno”.
Además, Rozas cuestionó la decisión del Ejecutivo, ya que anunciaron que el proyecto ingresará el 27 de octubre para su discusión en el Congreso. “Nosotros queríamos que este proceso se adelantara para tener durante octubre y noviembre mesas de diálogo, de conversación, de entendimiento, para que podamos llegar a resultados en cuanto a porcentajes dignos para trabajadores (…). Hoy el gobierno está dando la espalda a los trabajadores”, afirmó.
Por esta razón, el dirigente reafirmó el llamado a paro nacional por 72 horas para los empleados públicos, y los llamó a “permanecer unidos, fuertes”. Además, adelantó que “lo más probable es que si no hay entendimiento, si el gobierno mantiene su postura de rebajar los sueldos (…) lo más probable es que a contar de la próxima semana llamemos a un paro indefinido”.
El presidente regional de Anef invitó también a la comunidad a evitar asistir a las entidades públicas, ya que pese a entender “lo complicado que es para la comunidad no tener la atención de los servicios públicos (…) la única herramienta que tenemos los trabajadores es el paro de actividades para presionar al gobierno”.
Denuncia de prácticas antisindicales
Los dirigentes del sector público, durante el anuncio de la paralización por 72 horas, hicieron un llamado a las autoridades locales de cada servicio público a “no generar represión”.
Según detalló Juan Rozas, “he recibido información de que hay jefes de servicios, directores regionales y seremis, (que) están solicitando nóminas con el nombre de las personas que salen a marchar”.
Por esta razón, el dirigente manifestó que “este tipo de prácticas están catalogadas como antisindicales, de represión”, por lo cual “hacemos un llamado a respetar las decisiones que toman las organizaciones de los trabajadores”.
En la misma línea, advirtió que estarán atentos a estas situaciones, porque “no queremos generar ninguna fuerza u otro tipo de acciones en contra de jefes que salgan del marco legal del proceso de negociación”.
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