Los ex intendentes de la región de O’Higgins, Wladimir Román (UDI) y Juan Ramón Godoy (PS), analizaron las consecuencias legales que podrían traer consigo las próximos comicios a celebrarse este domingo 23 de octubre, luego de la polémica generada por los cambios involuntarios de domicilios electorales que afectaron a más de 460 mil personas en todo el país.
Wladimir Román explicó que dichas acciones judiciales no solo podrían efectuarse por parte de los candidatos que se consideren afectados por una no elección de su candidatura, “sino que también los electores que fueron cambiados sin su consentimiento de domicilio electoral podrían presentar algún recurso ante los tribunales de justicia”.
En esta línea añadió que la medida “puede ser el Tribunal Calificador de Elecciones, inclusive ante la Corte de Apelaciones vía recurso de protección por la vulneración de la igualdad ante la ley”.
Sobre lo anterior, aclaró “que es factible que se haga, aunque no sé si se haga», pero en caso de que ocurra «existen las vías jurídicas para impugnar las elecciones por este error grotesco del padrón electoral claro que es posible”.
Por su parte, Juan Ramón Godoy sostuvo que las acciones judiciales son “un riesgo cierto que hoy día existe con respecto a lo que sucedió con el cambio no voluntario de las personas en el lugar de votación. Me parece que ahí está la posibilidad de judicializar, sin embargo sería muy complejo en términos de cómo establecer una nueva elección porque no solamente es proceso de la comuna sino que lo que se cuestiona es todo el proceso de las elecciones municipales”.
Román, quien fue una de las personas afectadas con el cambio de domicilio, explicó que “viendo esto en una perspectiva más del punto de vista legal, la mayoría de los casos tienen que ver con personas que vivimos en una comuna diferente de la que votamos. Yo viví en San Fernando y nunca me cambié de domicilio, uno se traslada de ciudad en muchos casos, realiza sus trámites en la ciudad que vive actualmente y por eso también el Registro Civil los cambió, no digo que sea un gran número”, aunque sí un porcentaje importante dentro de los cambios involuntarios.
Para concluir, Juan Ramón Godoy sostuvo que “es lamentable que no se haya logrado un acuerdo, una ley exprés para haber solucionado y haberle dado la alternativa a los ciudadanos y ciudadanas que fueron cambiadas de domicilio involuntariamente”.
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