En un fallo unánime la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso de nulidad presentado por la Municipalidad de Chimbarongo en contra de la sentencia dictada el 29 de abril pasado, por el Primer Juzgado de Letras de San Fernando, que acogió la demanda por el despido injustificado de la funcionaria María Elena Orellana Villalobos, jefa de la unidad de Intervención Familiar del Programa Puente de la municipalidad, hasta octubre de 2015.
La Segunda Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Fernando Carreño, Marcelo Albornoz y la fiscal judicial Marcela de Orúe, manifestó en su fallo que “estamos en presencia de una relación de trabajo que se desarrolló de manera ininterrumpida en el tiempo, a partir del mes de septiembre del año 2008, cumpliendo la demandante labores más allá del cometido específico contemplado en su contrato, recibiendo a cambio de ello una remuneración”.
Pese a que la defensa del tribunal pretendía acusar a la ex trabajadora de infracciones durante su periodo laboral, la terna de jueces puntualizó que “en consecuencia, calificada correctamente la relación que ligó a las partes como un vínculo típicamente laboral, al amparo del artículo 1º del Código del Trabajo, le resultaban plenamente aplicables las demás normas que dicho cuerpo normativo contempla para la desvinculación de los trabajadores, desechándose, por consiguiente, el resto de las infracciones que viene reclamando el recurrente (…) pues toda su argumentación se ha erigido sobre el entendido de que éstas no tienen aplicación tratándose de un contrato a honorario que se rige por las estipulaciones contractuales”.
En el fallo de la Corte de Rancagua se ratificó el pago que deberá hacer el municipio a Karen Orellana Villalobos. Uno de ellos por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo por la suma de $891 mil 395, indemnización por años de servicio por más de $7 millones, el recargo del 50% de las sumas antes señaladas por más de $4 millones y las cotizaciones impagas durante todo el periodo laboral.
A esto, se suma que la demandada (municipalidad) deberá pagar las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el periodo comprendido entre la fecha del despido y la convalidación. Sumas que deberán ser cancelados con los reajustes e intereses correspondiente.
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