La seremi de Desarrollo Social, Claudia Díaz, se refirió a los beneficios que otorgará la ley de cuota laboral para personas en situación de discapacidad, iniciativa impulsada por el Ministerio del ramo, Senadis y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y la cual pasa por su segundo trámite legislativo en el Senado.
Según señaló la autoridad regional, se envió al Congreso una indicación sustitutiva que responde a la manifestación de distintas mociones que había en el Parlamento y también a las demandas de las propias organizaciones de personas en situación de discapacidad que hay en el país y la Región de O’Higgins.
Para Díaz “este era un tema muy sentido por las personas en situación de discapacidad que tenemos en el país”. Estudios reflejan que a nivel nacional el 39,3% de quienes tienen algún grado de discapacidad está participando del mundo laboral. Por lo tanto, hay un 57,2% que está inactivo; y un 3,6% está desocupada .
La seremi manifestó que “evidentemente nosotros como sociedad tenemos una deuda pendiente en el tema de la inclusión, la que se debe a varios factores: primero, a la discriminación laboral; y segundo, con que existen muchos mitos aún con respecto a la productividad o efecto que produciría una persona en situación de discapacidad en un espacio laboral”.
En esta línea, aclaró que “como Ministerio tenemos estudios que se han hecho en el país donde se demuestra que existen empresas que al incluir dentro de su dotación de trabajadores a personas en situación de discapacidad, precisamente generan el efecto contrario: mejora la productividad porque estas tienden a ser personas más rigurosas y disciplinadas, porque evidentemente todo les cuesta más».
Otro aporte de las personas en situación de discapacidad, recalca Díaz, es que “además mejoran mucho el clima laboral al interior de una empresa, por lo tanto ese es un mito que está instalado y ha impedido que muchas empresas se atrevan a contratarlas”.
¿Qué busca la ley?
La seremi sostuvo que en definitiva la ley propone que todas las empresas donde haya más de 200 trabajadores -tanto en el sector público como privado, incluidos el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas- se incluya al menos un 1% de personas en situación de discapacidad de manera obligatoria.
Díaz también se refrió al término de las diferencias salariales de las cuales son víctimas estas personas. En esta línea recalcó que esta indicación sustitutiva elimina las medidas discriminatorias que existen hasta el momento, donde el sueldo en algunas ocasiones es menor al salario mínimo.
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