Hay una crisis de confianza en Chile. Pocos pueden dudar de aquello, y los casos para ejemplificar estos dichos –lamentablemente- no son pocos. Todo ello, además, reflejado con la baja aprobación que muestran distintas instituciones en cada encuesta que se desarrolla, la poca sintonía entre la sociedad y el mundo político, y la desidia que muestran los chilenos en las últimas votaciones, sirven para respaldar la aseveración anterior.
Otros, eso sí, son más optimistas y recalcan que en Chile no se han conocido escándalos de corrupción como los que golpean a países vecinos. Eso es verdad, pero las últimas conductas que han mostrado algunos actores de la clase dirigente en Chile han posibilitado que las miradas de desconfianzas hacia quienes nos gobiernan estén presentes en la sociedad chilena. Los paseos por los tribunales de justicia e incluso, con algunos saliendo hace pocas horas de la cárcel, poco ayudan en mejorar la imagen.
Por ello, se ha hecho recurrente en el debate ciertos términos, como la probidad, ética, transparencia, conflicto de interés, acceso a información privilegiada y privilegios, entre otros, y para combatir cualquier actuación pública reñida con las buenas conductas se han enviado proyectos de ley al Congreso que buscan regular las acciones de los funcionarios públicos y de autoridades en distintos ámbitos.
En este escenario, parece un avance sustancial normar las conductas de las autoridades con leyes en esta dirección. Eso sí, que sea en base a una legislación clara, precisa y que no deje espacios a vacíos legales para no correr el riesgo de entrar en el juego de las más variadas interpretaciones de la ley.
Por además, es clave que la sociedad exija que ante cualquier normativa o legislación, se anteponga una conducta transparente, ética y de probidad de parte de quienes integran la clase dirigente en este país. Y las elecciones municipales de octubre; y las parlamentarias y de consejeros regionales del próximo año, se pueden transformar en una instancia idónea para evaluar a las actuales autoridades y exigir ciertos lineamientos en las condustas para el período que se avecina.
Como sociedad no podemos perder de vista que el servidor público debe ser y parecer ciertas cualidades que le valen la confianza de la sociedad y que con su actuar en un cargo determinado debe responder a la confianza depositada.
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