Como cada junio, la discusión por el reajuste del sueldo mínimo se tomó nuevamente los pasillos del Congreso. Y aunque el Ministerio de Hacienda no llegó a un acuerdo en las cifras con la CUT, de todas formas ingresó un proyecto de ley que pretendía aumentar el salario mínimo en 4% nominal, o sea, cerca de $10 mil.
La cifra presentada por el Ministerio de Hacienda fue rechazada por la Nueva Mayoría, dando paso a negociaciones, almuerzos y nuevas propuestas. En medio de esto, la DC presentó una alternativa: Aumentar el salario mínimo en un 10% en dos años, pero que este reajuste se vaya dando de manera semestral. En otras palabras, que llegue a $275.000 a fines de 2017, sin tener que pasar por una nueva negociación en medio de las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año.
Ambas propuestas, eso sí, están muy lejos de la demanda de la CUT, que pedía un incremento de 40 mil pesos este año. Y muchos, incluso han sacado al ruedo las palabras de monseñor Alejandro Goic, quien habló de la necesidad de instaurar un salario ético de alrededor de $400 mil.
En medio de la discusión parlamentaria e independiente al resultado que se obtenga este año en el Congreso, la brecha que existe entre las posturas y cifras que los negociadores han puesto en la mesa, obliga a las autoridades, expertos y representantes de los trabajadores a abrirse a un mecanismo que permita garantizar criterios y parámetros con base técnica, que estén en línea con las necesidades y también con la realidad económica, medidos a través de indicadores como el crecimiento o la inflación, entre otros. Evitando así la ideologización excesiva de esta discusión, especialmente en períodos de elecciones.
Un tema que obliga a un debate de estas características, cuyo resultado considere los vaivenes propios de la economía, pero que a la vez permita ayudar a paliar el aumento del costo de la vida en las familias de menores ingresos.
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