Conmoción causó la muerte de un guardia de seguridad tras un ataque incendiario al edificio donde trabajaba, en medio de manifestaciones tras la cuenta pública que la Presidenta Michelle Bachelet dio en el Congreso en Valparaíso.
Situación que generó variadas reacciones, pero que nos obliga a cuestionarnos si el Estado ha dado señales claras respecto a cómo se debe resguardar la seguridad y el orden público en jornadas de movilización que, lamentablemente terminan en desmanes, y que se contraponen al derecho a manifestarse en forma pacífica.
La mirada de cómo enfrentamos la delincuencia o los hechos de vandalismo debe ir más allá de la reacción natural que producen hechos específicos y lamentables, como la muerte de este guardia de seguridad de 71 años o –en la vereda opuesta- el lamentable incidente que afectó al estudiante Rodrigo Avilés, quien resultó herido al ser alcanzado por un chorro directo de agua lanzado desde un carro de Fuerzas Especiales de Carabineros, también un 21 de mayo, pero de 2015.
Hoy se coincide en la necesidad de dotar de mayores herramientas a Carabineros para que puedan hacer frente a los disturbios, aunque este discurso no era unánime hace un año. Es más, ayer la Presidenta Michelle Bachelet reconoció que el dramático caso de Rodrigo Avilés pudo influir en el actuar de Carabineros durante su última cuenta pública. Situación que fue respaldada por el general director, Bruno Villalobos.
Ahora, diputados de distintos sectores anunciaron la presentación del proyecto de ley que sanciona a quienes en el contexto de alteración al orden público, oculten su rostro, permitiendo a las policías su detención en caso de flagrancia.
La transversalidad en el debate es clave para enfrentar un tema que ningún gobierno ha podido darle solución, y que ya ni siquiera resulta ser atractivo ni creíble como un compromiso de campaña.
La credibilidad de la ciudadanía respecto a cómo la autoridad enfrenta la delincuencia ha caído y, en este escenario, el foco de la discusión debe estar puesto en qué tan efectivas son las medidas que se han anunciado y que se discuten en el Congreso.
La sociedad necesita señales claras de parte de la autoridad de que ya no se seguirán tolerando actos de vandalismo y que la delincuencia se va a combatir –de una vez por todas- con herramientas eficaces.
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