El pasado 21 de mayo, los ya tradicionales incidentes en Valparaíso recrudecieron su saldo con la muerte del guardia municipal Eduardo Lara, consecuencia de un ataque incendiario realizado por encapuchados.
Con este hecho como antecedente, el especialista en seguridad pública de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, afirmó que, como una medida para evitar consecuencias como la muerte de Lara, no debe descartarse “la iniciativa de poder controlar a la gente que anda encapuchada en determinados contextos”. Esto ya que hasta el momento, solo se puede controlar la identidad cuando hay indicio de que se ha cometido algún delito o que el individuo sea sorprendido in fraganti.
De esta forma, el experto aludió a emplazamientos que en estos últimos días han realizado parlamentarios, en dirección a endurecer normas para facilitar el accionar de Carabineros, mejorando la prevención ante hechos de esta naturaleza. “En el marco de una marcha, donde es esperable que se produzcan incidentes, se les debe facultar de una autorización explícita a Carabineros para poder detener o exigir el control de identidad a quienes estén encapuchados”, sostiene el experto.
El especialista también criticó que actualmente se utilicen prácticas que calificó como contraproducentes para los fines que se busca. Por ejemplo, la inclusión de efectivos dentro de las protestas. “Lo más probable es que los que están marchando lo sienten como una provocación y ello puede generar un conflicto de mucha mayor gravedad”, advierte.
A pesar de que puede haber muchas propuestas para perfeccionar el accionar de Carabineros, el investigador subraya que se necesita establecer pautas de discernimiento claro. De lo contrario, sostiene, ninguna servirá de nada. “Aún con esas herramientas, nada está garantizado si no incluyen los parámetros de cuándo intervenir, para no provocar un conflicto mayor”, detalló el docente.
En esa línea, propone una ley que reemplace el reglamento interno que rige actualmente el proceder de Carabineros, tomando como referencia la norma uruguaya, a objeto de determinar con claridad las potestades y marcos de acción de la policía uniformada.
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