Uno enciende las noticias por la TV y, cuando no están mostrando alguna intrascendencia, estos días comienzan a aparecer negros.
En ámbito nacional tenemos el escándalo de las transacciones al filo de lo legal de Audis reales del ex Comandante en Jefe del Ejército (frente a los imaginarios que endilgaban a Camila Vallejo). No luce, no voy a anticipar juicios sobre su patrimonio porque hasta ahora poco se estructura, aunque la vinculación con su familia es poco auspiciosa en los resultados de la investigación. Se exige reserva en los gastos en defensa, como si no fueran conocidas las adquisiciones en publicaciones internacionales, y de ahí se pudiera comprender cómo se gestionan al interior. Pero no, se eligió la opacidad que alienta la corrupción y atenta contra la Defensa Nacional.
A nivel local las cosas no se ven bien: en Chiloé hemos visto que, como opción de apoyo, desde el poder central para familias que viven haciendo soberanía para Chile hay migajas. Y que, cuando no pareció suficiente, aquellas personas ven cuidado el “orden” (que no lo es) por la fuerza pública y la amenaza de una represión que ha sido estudiada con marines en el Fuerte Aguayo, para situaciones de guerra. Mientras, se hace circular una cantidad ingente de medias verdades y cuestionamientos que son evidentes operaciones de inteligencia para controlar la percepción y reducir la crisis actual (mezcla de conceptos, imposición de una causa incuestionable, deslegitimación sin prueba investigada de otra).
En resumen, se busca mantener un modelo productivo que favorece la llegaba la marea roja (explicación oficiosa) donde antes no llegaba, gracias a la falta de transparencia más ramplona. El poder político legitima una “externalidad” para mantener “la inversión” al costo de la destrucción del ecosistema del mar interior de Chiloé y la economía de las familias que viven de explotar el mar.
Mientras, acá vemos que esa orientación a la opacidad de los actos del poder en el caso de un veto ilegal en una sesión pública de una comisión del Consejo Regional donde circula este medio. Había expectación sobre la no ejecución efectiva de cientos de millones de pesos (con probable sobreprecio) decretado hace un par de años atrás. Si bien solo un consejero fue quien ejecutó el veto, el resto del Consejo Regional desconoce que tiene el deber legal de transparencia y de ejecución pública de la reunión de marras y no hizo cumplir la ley.
¿Cuál es la capacidad de enfrentar la corrupción si la opacidad de los actos es la norma que se defiende antes que la ya debida transparencia? ¿Estamos los habitantes de la Región protegidos del poder de las grandes empresas si quienes toman decisiones en sus espacios de poder (sea ambiental, financiamiento, etc.) incumplen el deber de mostrar sus actos?
Francisco Javier Larraín S.
Docente e Investigador.
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