Ética y transparencia más allá de la ley

Críticas de distintos sectores se escucharon a raíz de la omisión que hiciera el administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, respecto a algunos datos en su declaración de patrimonio.

Acogiéndose a la ley 19.628, según consigna El Mercurio, el funcionario habría omitido información sobre las tasaciones fiscales y comerciales de los cuatro bienes inmuebles que informa en su declaración, de un estacionamiento y una bodega, y sobre su actividad profesional y económica anterior a su cargo en La Moneda.

No es el objetivo de estas líneas analizar la situación puntual de Cristián Riquelme. Pero sí, a raíz de este hecho, se pueden sacar lecciones que eviten nuevos cuestionamientos o criticas derivadas de la falta de confianza que se puede percibir en el ambiente.

Se puede estar de acuerdo con las palabras del vocero (s) de Gobierno, Osvaldo Soto, cuando señala -respecto al administrador de La Moneda- “que lo que se refiere al cumplimiento de la obligación legal que se establece sobre las declaraciones de patrimonio está debidamente cumplido” y por lo tanto “desde ese punto de vista malamente se puede, a cualquier funcionario, exigir una conducta que vaya más allá de lo que el marco legal establece».

Podemos estar de acuerdo en todo lo que la ley se refiere, pero especialmente cuando el ambiente está tan sensible, con serios cuestionamientos de la ciudadanía, es prudente que -en este caso funcionarios públicos- hagan un esfuerzo mayor a lo que establecen las normas o la legislación y pongan en práctica lo que se podría llamar una cultura de ética y transparencia que guíe las distintas acciones que por su cargo deben ejercer, independiente de lo que diga, establezca o permita una legislación vigente.

Y aquí es posible hacerse eco de las palabras que la Presidenta Michelle Bachelet en marzo del año, al referirse a las buenas prácticas de patrimonios e intereses: Las regulaciones legales no siempre serán suficientes para ordenar la relaciones entre los público y lo privado y para ello se necesita actuar en base a una conducta ética y de transparencia que incluso vaya más allá de lo que establece la ley.