Continúan las indagatorias en el caso Caval, esta vez con una arista distinta a la formalización que se realizó el pasado viernes en el Juzgado de Garantía de Rancagua. La Fiscalía ordenó a la Policía de Investigaciones (PDI) a periciar 80 contratos que la empresa Saydex habría firmado con distintos Servicios de Salud del país, de los cuales hasta ahora 14 habrían realizado de manera irregular un proceso de licitación.
En medio de las indagatorias que el fiscal Luis Toledo se encontraba realizando para dilucidar supuestos delitos en el caso Caval, citó a Patricio Cordero a declarar y relatar su participación en los hechos. En su comparecencia contó cómo la empresa Saydex fue asesorada por la empresa de los imputados Natalia Compagnon y Mauricio Valero, donde este último habría entregado dinero en efectivo al entonces director del Servicio de Salud Central Metropolitano, Nibaldo Mora.
En su declaración filtrada a la prensa, el ex administrador municipal de Las Condes mientras Joaquín Lavín era alcalde, manifestó que “(Mauricio) Valero acordó a fines del año 2011 con Mora (…) pagarle la suma de $25 millones por sus gestiones a favor de Saydex, de los cuales alcanzó a pagarle $20 millones en efectivo. Mauricio Valero tenía perfecta conciencia de que le estaba pagando a un funcionario público para que desarrollara acciones propias del ámbito de su gestión”.
Con estos antecedentes el fiscal Luis Toledo ordenó a la PDI periciar el contenido contable y de análisis de 80 contratos de manera irregular con el Ministerio Salud y, según las indagatorias, 14 de los 22 servicios no habrían realizado un correcto proceso para su licitación.
El objetivo del fiscal es dilucidar si existen presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, ya que –aparentemente- Saydex se habría adjudicado licitaciones irregulares y canceló $ 170 millones por su asesoría a la empresa Caval.
En tanto, durante la jornada desde el gobierno anunciaron que el Ministerio se encuentra realizando una investigación interna para esclarecer el hecho. Por su parte, el ministro del Interior (s), Marcelo Díaz, manifestó que “son contratos suscritos en la administración anterior (de Sebastián Piñera), fueron indagados por el Ministerio de Salud y todos los elementos fueron entregados a la justicia y estamos sujetos a lo que determine la investigación y los tribunales».
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