La delincuencia es una lacra social que debe erradicarse, cueste lo que cueste, si así no ocurre, el Estado y sus autoridades están incumpliendo el mandato constitucional, contenido en el art.1º de la Carta Magna, entre otras labores, “proteger a la población”. El incumplimiento de este mandato nos lleva al estado impotente.
Para que el Estado satisfaga este deber de protección, debe reprimir con severidad a quienes violan la ley, porque el derecho exige eficacia, de lo contrario, se transforma en un ejercicio académico o una manifestación de ideologías trasnochadas, pero no en el severo cumplimiento de las conductas sociales exigibles. “Sed lex dura lex”, la ley pareja no es dura, mandato milenario que no estamos cumpliendo.
Debemos entender, de una vez por todas, que no se requiere de mayores leyes, sino de exigir que se cumplan las que hay, que son suficientes. No se necesitan leyes para saber que no se debe robar, que no se debe violar, que no se puede atentar contra la paz social con armas, bombas u otros artefactos destructivos. El que pretende cambiar el orden social por la fuerza vulnera el estado de derecho, y es un abuso de su parte que luego de delinquir, lloriquee ante jueces benévolos y no comprometidos con la sociedad invocándolo para eludir las graves y severas penas que deberían aplicárseles.
Para que el Estado cumpla fielmente su deber de protección, la policía debe tener facultades suficientes para reprimir, que para eso existe (Perogrullo dixit), es casi un chiste que no pueda exigir la identificación a cualquier hijo de vecino, ¿en qué se ofende a un buen ciudadano si se le pide acreditar quién es¿ ¿O consagramos un derecho de anonimato que no veo escrito en ninguna parte? ¿Para qué existe la cédula de identidad, si no se le puede exhibir a la policía?
Pero, el giro esencial que deben asumir los gobernantes, los jueces, el Ministerio Público y otros entes similares, es entender algo elemental: que los derechos humanos pertenecen igualmente a la gran mayoría honesta y trabajadora, y no son patrimonio, como parecen entender, de los delincuentes y terroristas. Las víctimas no reciben el mismo trato que los delincuentes. ¿Esa es la inclusión, o la equidad, de que tanto se habla y que cuesta entender, por estas situaciones tan contrarias al discurso oficial? De este panorama, no se escapa nadie, el ególatra dijo que a los delincuentes se les acababa la fiesta, y cuando se fue, la fiesta estaba en su apogeo.
Señoras y señores, que se deje el discurso a un lado y se hagan las cosas, más represión al delincuente, menos benevolencia. Facta non verba, decía el pretor romano, “hechos y no palabras”. ¡Aleluya!
Mario Barrientos Ossa.
Abogado.
Magister en Derecho U. de Chile.
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