Por cuasi delito de homicidio fueron formalizados dos ex funcionarios de Carabineros, involucrados en la muerte en 2014 de Jorge Aravena de 44 años, sujeto que fue detenido por los uniformados tras ser acusado de estafa por no pagar su cuenta en un concurrido local de comida peruana de Rancagua.
En la audiencia solo fueron formalizados Carlos Cheuquiante y Pablo Urrea, ambos ex funcionarios dados de baja por la institución, de un total de cinco carabineros acusados de tener participación en los hechos. Cheuquiante y Urrea eran los encargados de trasladar al sujeto hasta el cuartel policial.
Según sostiene la Fiscalía, ambos acusados trasladaron al hombre hasta la unidad policial en un carro de la institución que contaba con calabozo, lugar que al interior promediaba una temperatura de 42°C y de donde olvidaron descender a Aravena.
En la oportunidad, el Servicio Médico Legal (SML) señaló que la causa preliminar de la muerte del hombre se trataría de una asfixia por aspiración de contenido gástrico.
En la formalización se determinó que el plazo de investigación será de 90 días, luego de lo cual se pasará a la etapa de juzgamiento de los hechos antes mencionados. Además, se establecieron como medidas cautelares la firma quincenal y el arraigo nacional.
El fiscal a cargo de la investigación, Sergio Moya, explicó que la condena que podrían recibir los acusados varía entre los 61 días y tres años de cárcel, ya que no existió la intención dolosa de dar muerte a la víctima, sino que hubo una conducta negligente que desencadenó en el fallecimiento.
Moya aclaró que el hecho “no fue un accidente, es una conducta negligente. De haber obrado ellos apegados al reglamento interno de Carabineros de Chile estos acontecimientos no habrían ocurrido”.
En cuanto al resto de los uniformados acusados en el hecho, el fiscal sostuvo que «la Corte Suprema dispuso que el Ministerio Público indagara solamente la muerte de la víctima, toda vez que la justicia ordinaria establece más garantías a la investigación y para las víctimas. Lo que dice relación con incumplimientos y deberes militares con las eventuales falsificaciones de algunos documentos, quedó radicado en la justicia militar, por lo que no es parte de nuestra investigación ni tampoco las personas investigadas son parte de nuestra causa».
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