Patricio Pino desmiente acusaciones en su contra por supuestos abusos laborales.
Ad portas de cumplirse tres meses de que un grupo de funcionarios pertenecientes a la Asociación Provincial de Funcionarios del Sename (Afuse) solicitaran a la Contraloría investigar supuestos maltratos laborales al interior del centro de reclusión de menores de Graneros, acusando directamente al ahora ex director del recinto, Patricio Pino, el ex funcionario decidió dar su versión de los hechos y contar su verdad.
En abril de este año los trabajadores del servicio en Graneros señalaron que Pino ejerció maltratos y abusos de poder en contra de algunos funcionarios.
En entrevista exclusiva con Diario El Tipógrafo, explicó que su silencio hasta hoy se debió a que en el tiempo en que se realizaron las acusaciones ejercía el cargo como director del recinto lo que le impedía tener opinión en términos personales de la situación: “La voz oficial era la del ex director regional (del Sename), Pedro Pablo Miranda”, explica.
El funcionario público señaló que «es necesario para mí aclarar ciertas cosas que se dijeron y que se me acusaron en los medios de comunicación, donde se me denunció por vulneración de derechos laborales».
El ex director del centro de reclusión de Graneros explicó que fue él quién solicitó una investigación sumaria por los hechos que se le imputaban, ya que “soy el más interesado en que esto se aclare a la comunidad y funcionarios” y adelanta que dicho sumario está pronto a concluir.
Patricio Pino señaló que tras la polémica generada y las graves denuncias realizadas en su contra -de las cuales está seguro será absuelto- se querellará en contra de las personas que resulten responsables de «injurias y calumnias» y exigirá que el servicio se haga parte de la reclamación y defensa, tras apelar al artículo 84 del estatuto administrativo.
Su defensa
Respecto a las denuncias, Patricio Pino asegura que se debieron a la molestia generada en parte de los funcionarios del recinto, quienes vieron con malos ojos «el orden que quiso establecer desde su llegada al servicio».
A Pino se le acusa de haber negado las vacaciones a un funcionario. Al respecto, aclaró que la decisión que tomó en ese momento fue la de «reprogramarlas», apelando al artículo 104 del Estatuto Administrativo, que define que «si bien las vacaciones son un derecho, se pueden postergar por el buen funcionamiento del servicio», explica el ex director, quien agrega que en ese momento, de 60 educadores de trato directo, sólo tenía 18 en planilla para llenar cuatro turnos. De ahí que tomara la decisión de reprogramar las vacaciones del trabajador.
Agregó que la medida se avaló luego que el empleado estuviera nueve meses fuera del servicio, seis sin goce de sueldo y tres por licencia médica. “Me pidió, un día antes que se terminara su licencia, las vacaciones, más seis días administrativos, o sea, continuaría 40 días más afuera (del servicio)», recuerda Pino.
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