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Columnas de Opinión

Las insuficiencias del Informe Engel

MARTES, 5 DE MAYO DE 2015
Publicado por

Equipo de Corresponsales



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La presidenta constituyó en marzo una comisión compuesta por 16 miembros donde predominaban abogados (50%) ingenieros comerciales y/o economistas (31%), en desmedro de los cientistas políticos (13%). En dicha instancia no hubo, tampoco, ningún dirigente estudiantil, actores centrales de las movilizaciones del 2011 que lograron masificar este debate que, hasta allí, era académico; tampoco hubo representantes de organizaciones de consumidores que desde hace tiempo vienen denunciando el contubernio entre política y negocios. Presidida por un economista la comisión elaboró un informe con 260 medidas. Destacan entre ellas las propuestas que intentan eliminar el financiamiento de empresas privadas de la política, reinscriben los partidos, postulan acabar con “la puerta giratoria” de funcionarios desde el mundo público al privado y viceversa, castigan los casos de corrupción de autoridades, y promueven la enseñanza de la educación cívica en los colegios. Las medidas han sorprendido por su rigurosidad si de verdad se pudieran poner en práctica. En general los especialistas han considerado que las propuestas, sobre todo aquellas que sancionan la corrupción o el tráfico de influencias, son rigurosas y cuentan con altos estándares. No ocurre lo mismo cuando el informe se lo mira desde la participación y el fomento de la democracia. Ello se explica por la propia naturaleza del equipo en cuestión que evitó a toda costa, y seguramente porque había disensos en su pleno, pronunciarse con una mayor nitidez sobre el cambio constitucional, como lo refrendan las escasas palabras que se dedican al tema en el informe“No es cometido del Consejo Asesor emitir parecer acerca de esas diversas tendencias, aunque pensamos que en la vida cívica nacional ese debate debe plantearse”.
Incluso su diagnóstico sobre la educación cívica es cuestionable ya que la crisis de participación no se debe a la ausencia de propuestas en el currículum oficial. Por el contrario, el Mineduc tiene una potente oferta en lo que hoy se llama “Formación Ciudadana”, cuya definición ya es en sí es más amplia que la clásica educación cívica que se restringía solo a la participación político-institucional, y que no incluía la civilidad que también se desarrolla en otras instancias de la vida y que, tal vez, la comisión por la urgencia temporal no pudo retroalimentar con docentes de historia que la aplican diariamente. No es un problema de oferta ni de programas, es más bien el abismo que hay entre la ciudadanía y quienes ejercen roles públicos. Los casos Penta, Caval y SQM, por el contrario, han confirmado los prejuicios ciudadanos sobre la actividad política y han profundizado el quiebre entre electores y elegidos.
Tal insuficiencia debió ser cubierta por la propia mandataria quien al momento de recibir el paper señaló que “la tarea que hoy emprendemos se completará de manera natural con la redacción y aprobación de una Nueva Constitución. Por eso quiero anunciar que en septiembre, mes de Chile, daremos inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental». Lo anterior abrió el debate sobre el mecanismo para hacer la nueva constitución. Los partidarios de la AC, celebraron el anuncio de la presidenta, mientras Tironi, le pegó un portazo a la constituyente y reforzó con ello, la idea de los Cabildos que, desde la Segpres, y con el concurso de una parte de los legisladores oficialistas, intenta imponerse como mecanismo de participación, aunque monitoreado y dirigido desde el partido del orden como tuvimos oportunidad de comprobarlo en Chillán y Rengo. El próximo 21 de mayo será una buena oportunidad para que la mandataria otorgue más luces sobre el sentido de su frase.

Edison Ortiz.


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