Los hitos que marcaron la investigación en el caso de la parvularia Gabriela Marín

La Fiscalía sancionó a dos fiscales de ese entonces por malos procedimientos.

Tres años de investigación fueron los que necesitó el Ministerio Público para determinar presuntas responsabilidades en la violación de Gabriela Marín, la educadora de párvulos que al enterarse que sus agresores estaban en libertad se quitó la vida. El martes se inició el juicio oral de dos de los tres imputados que en un principio fueron detenidos, proceso penal que no estuvo exento de polémicas ya que dos fiscales de la región fueron sancionados por la Fiscalía Nacional.

Libertad de los presuntos autores

Era agosto del 2012 cuando la joven, de ese entonces 23 años, regresaba hasta su domicilio cuando fue abordada por tres sujetos, quienes la asaltaron, abusaron sexualmente y violaron, dejándola abandonada en las cercanías de la línea férrea de San Fernando. La joven madre fue hasta Carabineros para denunciar el hecho. Por causas que fueron investigadas el fiscal de ese entonces no se habría presentado en el sitio del suceso, lo que más tarde resultó fundamental para la formalización, ya que, por faltas de pruebas, el tribunal decretó ilegal la detención de los individuos.

Investigación desfasada y suicidio

Luego de enterarse de que sus agresores habían quedado en libertad la joven parvularia habría comenzado a presentar constantes pesadillas e ideas suicidas, por lo que fue internada en el Hospital de San Fernando. Como la investigación inicial no había traído resultados, tres semanas después de las agresiones sexuales, peritos –por orden de la Fiscalía- iniciaron las primeras diligencias. Sin embargo, pese a que se inició una investigación, no fue la que en ese entonces necesitaba Gabriela. El 6 de septiembre se ahorcó en el segundo piso de la vivienda de su hermano, Juan Marín, dejando a dos hijos de 5  y 2 años, y cartas donde pedía justicia.

Sanciones a fiscales de San Fernando

En 2013 los fiscales Néstor Gómez Canales y Carlos López Miranda fueron sancionados por sus responsabilidades individuales en la inconsistencia en la investigación, como no haber dado cumplimiento a instrucciones internas, entre estas, la de concurrir en ese caso, al sitio del suceso. Del mismo modo otras instituciones también fueron cuestionadas, entre ellas el Hospital de San Fernando porque no habría atendido a la joven por “falta de camas”.

La fiscal Fabiola Echeverría lleva la acusación de dos de los presuntos autores y pretende que el Tribunal de Juicio Oral de San Fernando decrete penas de crimen, las que podrían alcanzar los 25 años de cárcel.