La frase es de Elizalde y fue lanzada en paralelo con investigación de Fiscalía y el SII contra ejecutivos y dueños de Penta, aunque dejó fuera de la investigación a parlamentarios que habrían recibido financiamiento ilegal en sus campañas. Que la querella se restringa a la búsqueda de las responsabilidades solo de Penta y que en el caso de los políticos solo se investiguen ocho facturas falsas – documentos de Inversiones y Mandatos S.A. (relacionada con Jovino Novoa), de Vox Comunicaciones (con Laurence Golborne) y de Cactus Consultores SpA de Andrés Velasco – ha sido una sorpresa. Y si bien un cuarto protagonista – el UDI Ernesto Silva – podría entrar al ruedo, ello no se deberá tanto a la emisión de las mismas sino al eventual tráfico de influencias y conflictos de intereses que dejó en evidencia su intercambio de correos con uno de los dueños de Penta y la IsapreBanmédica en medio de la tramitación de la modificación de ley de Isapres.
La querella que apunta al corazón del grupo empresarial hará que los empresarios lo piensen dos veces antes de financiar campañas. No obstante, dejó una sensación agridulce al excluir a los otros responsables: los beneficiarios del dinero. Ello se explica porque en medio de la crisis de 2003 y de los pactos Insulza-Longueira se propuso una nueva ley de financiamiento electoral que en su tramitación introdujo la siguiente indicación: “El plazo de prescripción para las faltas, infracciones o delitos establecidos en esta ley incluidos los delitos conexos a ellos, será de un año contado desde la fecha de la elección correspondiente”.
Los parlamentarios así se aseguraron, 12 años antes de Penta y Soquimich, su impunidad absoluta, aunque ello significó el aumento de su desprestigio y que el descrédito después de Caval, se traspasará al Ejecutivo y obligará a La Moneda a presentar una iniciativa legislativa desde la Segpres para el fortalecimiento y transparencia de la democracia, que si bien busca introducir elementos positivos no plantea cambios sustantivos: no aumenta el periodo para que los delitos asociados puedan ser investigados como lo acabamos de comprobar en Penta y Soquimich, ni tampoco introduce la figura de pérdida del cargo de quien se hubiese envuelto en este tipo de delitos.
Un escenario como este- donde la política desplazó definitivamente a la farándula – ha posibilitado que resurja la idea de una asamblea constituyente. Es más, hay quienes ya creen que este parlamento carece de toda legitimidad ciudadana para abordar un cambio constitucional.
Edison Ortiz.
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