Son perfectamente compatibles y, más aún, enteramente necesarios el uno del otro, la existencia de un orden público estricto, con un orden privado enteramente libre.
1.-En una democracia, en que el poder emana del pueblo soberano, las autoridades están revestidas de facultades suficientes para poner orden, y están comprometidas, constitucionalmente, a velar porque aquél sea una realidad.
El derecho, que regula las conductas humanas, requiere que sea eficaz, es decir, que realmente se cumpla, con el viejo aforisma romano “sed lex dura lex”, que simplemente significa que “la ley pareja no es dura”.
La autoridad no puede dejar de hacer cumplir la ley, con toda la severidad necesaria. Si no lo hace, incurre en abandono de sus deberes.
No es tolerable que se transformen las calles en lugares de enfrentamiento, que desfiles callejeros destruyan todo a su paso, que se obstruya el tránsito, que se dispare impunemente contra la policía o fiscales, que se hayan robado seis mil millones y todavía no hay ni siquiera un preso, que se pongan cajeros automáticos en las comisarías, lo que significa que la autoridad se muestra impotente para asegurar el imperio de la ley. Vamos caminando hacia el estado impotente. Perdida la disciplina y el orden, no se recupera, y el daño es terrible.
La autoridad fracasa si permite que la ley de la selva reine en calles, plazas, lugares de uso común, lo que nos llevará a que las actuales “detenciones ciudadanas” terminen en linchamientos. ¡Pongan orden de una buena vez, o váyanse, si no son capaces!
2.-La existencia de un orden público estricto, con eficacia del derecho a toda prueba, no se opone a las más amplias libertades civiles, que componen el orden privado.
El reconocimiento del matrimonio igualitario, de la eutanasia, del aborto, de la completa igualdad de todos los géneros, es parte de la vida privada, no se oponen en nada a que castiguemos con dureza a los delincuentes, que despejemos las calles, que pongamos fin a la indisciplina y al desorden, expulsemos a los terroristas y resolvamos los asuntos de la república civilizadamente, en los cauces y procedimientos normales, sin fuerza ni presiones ilícitas.
El Estado se creó para ejercer la fuerza legítima que mantenga el orden ciudadano. En la vida privada, no tiene por qué inmiscuirse.
Ya es tiempo de terminar con los falsos eslóganes y excusas torpes para no cumplir con el deber.
Como ciudadanos tenemos el derecho de exigir que esta situación injustificada e injustificable cambie y volvamos a la buena senda.
Mario Barrientos Ossa.
Abogado.
Magister en Derecho U. de Ch.
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