El oficial quedó con la medida cautelar de prohibición de ingresar al penal de Rancagua.
Por una supuesta obstrucción a la investigación, la Fiscalía de Rancagua formalizó durante la jornada de ayer al mayor de Gendarmería Francisco Bravo, quien habría alterado el orden de documentos de la agresión que habría sufrido un reo que debía declarar en calidad de víctima por el caso de la golpiza contra un grupo de internos, el 3 de agosto de 2013.
De acuerdo a los antecedentes del Ministerio Público, la detención del oficial de Gendarmería se enmarca en una investigación del 4 de septiembre, donde se investiga al subteniente Maikel Arriagada Bravo -ya formalizado- por una golpiza efectuada a un interno que iba a declarar como víctima a la Fiscalía.
“En el transcurso de la investigación, en virtud de pruebas documentales, testimoniales y otras pruebas que se han tenido que realizar y también de información de propios funcionarios de Gendarmería, señalaron que la persona detenida está obstaculizando gravemente nuestra investigación, lo que nos llevó a hacer diligencias no sólo erróneas, sino que incluso costosas para el Estado, tratando de exculpar a una persona o al menos impidiendo llegar a conocer la verdad, que es lo que esperamos”, explicó el fiscal a cargo de la investigación, Carlos Fuentes.
Según los antecedentes por los cuales se inculpa al oficial, en la audiencia de formalización la Fiscalía relató que el imputado, primero, le habría solicitado a una enfermera colocar una hora distinta en una constatación de lesiones, la cual previamente el interno agredido habría rechazado. Luego, habría dado declaraciones que a juicio del Ministerio Publico no eran coincidentes entre sí.
“(Él) menciona a funcionarios y algunos oficiales, lo cual nos llevó a tomar la declaración a esas personas, algunos desmintieron los dichos de él y lo anterior nos llevó a hacer las diligencias de reconstitución de escena, pericias audiovisuales y perimétricas, donde nos percatamos que lo que estaba diciendo en el sitio del suceso era distinto a lo señalado en su primera, segunda y tercera declaración”, señaló Fuentes.
Por su parte, la defensa del mayor Francisco Bravo, el abogado Cristian Godoy -quien en primera instancia cuestionó la legalidad de la detención- manifestó que “lo que se está haciendo, nos parece, son los coletazos donde los oficiales no tuvieron medidas cautelares. (…) En la carpeta investigativa no hay ningún tipo de argumento para permitir una formalización ni menos aún haber ordenado una detención para formalizar, eso no tiene sentido y no tiene base”.
Fue así que el Tribunal decretó la prohibición de acercarse al Complejo Penitenciario de Rancagua, en una forma de resguardar la investigación, mientras dure, por un plazo de 120 días.
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