La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) de la Región de O’Higgins se hizo parte del recurso de protección que presentó una ex funcionaria del gobierno regional, Lorena Zavala, a principios de julio tras ser despedida -según ella acusa- de forma anticipada.
Ayer se llevó a cabo el alegato de ambas partes en la Corte de Apelaciones de Rancagua, por lo que el fallo se conocerá en los próximos días.
Al respecto, el presidente regional de la Anef, Juan Rozas, explicó que “el tema del alegato se suscribió en la famosa frase que durante los cuatro años de la administración pasada nos perjudicó bastante a los trabajadores del sector público. Ese vacío que hoy día tiene el estatuto administrativo cuando dice, “mientras que los servicios sean necesarios”, utilizándolo para generar despidos”.
“El caso de la funcionaria que ingresó al servicio público el 2008, no puede establecerse la relación de que sea un cargo de confianza y menos que sus servicios no sean necesarios porque ha actuado durante todos estos años, donde son evaluados y los empleadores, en este caso los calificadores, la evalúan en forma correcta”, añadió el dirigente.
En ese contexto, señaló que “nosotros planteamos que aquí tiene que haber un sinceramiento de parte del Estado, de los gobiernos y de nuestra clase parlamentaria para definir quiénes son los cargos de confianza y quiénes no, para que no se produzcan este tipo de arbitrariedades”.
Por último, expresó que “esperamos que la Corte de Apelaciones de Rancagua establezca que este despido anticipado es ilegal y arbitrario, y se pueda reparar el daño causado por esta administración”.