La seremi de Justicia anunció medidas y programas para mejorar la convivencia al interior de los recintos penales
La seremi de Justicia, Yosselin Moyano, sostuvo una reunión con la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries y con el fiscal regional, Luis Toledo. Esto para discutir los hechos ocurridos en el Complejo Penitenciario de Rancagua, donde –según imágenes de video que datan del 2013- internos de dicha unidad penal fueron víctimas de agresiones por parte de personal de Gendarmería.
Respecto al polémico tema, la representante de la cartera regional, puntualizó que «esta administración ya ha tomado conocimiento de estos hechos y ha señalado acciones a seguir, como la reapertura del sumario administrativo”.
Asimismo, Moyano destacó que “ante hechos que atenten contra los derechos humanos de las personas privadas de libertad, es imperativo cumplir con los compromisos internacionales que el gobierno ha asumido a través de la firma de convenios de derechos humanos y su posterior ratificación».
La seremi de Justicia subrayó la labor desarrollada a diario por gendarmes de la región, por cumplir su obligación de proporcionar seguridad a la comunidad y favorecer los procesos de reinserción social de las personas privadas de libertad. A raíz de esto, ha decidido concertar reuniones de trabajo con dichos funcionarios.
Moyano manifestó que aspira poder erradicar cualquier tipo de prácticas que signifiquen violación a los derechos humanos de las personas que cumplen condenas en las cárceles de la jurisdicción. Para lograr este objetivo, se desarrollarán programas de capacitación, apoyo psicológico, mejoramiento de los controles internos y externos, con el fin de colaborar a mejorar la convivencia al interior de las unidades penales.
El fiscal regional, Luis Toledo, añadió que «la Fiscalía ha decidido sumar a esta investigación a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de la Región Metropolitana. Asimismo, sumar a esta investigación al equipo de altas prioridades de nuestra Fiscalía Regional, quienes van a desarrollar las diligencias faltantes”.
Toledo recalcó que el interés está centrado en obtener a la brevedad resultados que logren individualizar a las personas responsables de estos hechos.
Finalmente, la seremi Moyano resaltó que » toda persona al ser condenada por un delito y ser privada de libertad no pierde los derechos que le reconoce la constitución y los tratados internacionales, el Estado debe ser garante de que esos derechos sean respetados íntegramente durante el total del cumplimiento de su sentencia».
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