Hace meses, un analista de la NSA fue presentado ante la comunidad internacional como un desertor que compartía información de los mecanismos de espionaje desde el Estado. La verdad, Edward Snowden tenía una historia poco creíble: un tipo que ganaba cientos de miles de dólares, que era epiléptico pero se dedicaba a trabajar con computadores (por mucha integración, no era una lumbrera, según su propia historia) renuncia al dinero y a una novia de muy buen ver porque le molestaba el espionaje del Estado contra sus ciudadanos, revelando cosas que se saben hace décadas o varios años.
Mucho sospechábamos de esa historia: muchos países contestatarios de la hegemonía anglocéntrica se negaron a dar asilo a este “héroe”. En realidad, no tenía mucho que aportar y su historia no soportaba el más mínimo análisis informado, incluso con la prensa cautiva de historias oficiosas.
Hace tiempo se sospecha que muchos de estos héroes sirven a un fin menos poético: dar soporte a la represión que debiese darse como reacción. Estados Unidos tiene después del 9/11 leyes que no sirven contra el terrorismo, pero sí para el control social y de disidencia interna. Acá, con motivo de las manifestaciones, se ha intentado la Ley Hinzpeter como si eliminase la causa del vandalismo. Por ello, desde Assange se sospecha de filtradores que en realidad sólo irían a justificar la censura y espionaje en Internet, generando el ambiente para el pánico antiterrorista.
El caso es que hace mucho tiempo sabemos que nuestras comunicaciones electrónicas no escapan al registro por agentes del Estado. Llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales, etc. En Chile fue bastante ocultado el caso de Bruno Villalobos cuando estaba a cargo de Dipolcar, apenas un medio masivo lo relató en sus consecuencias. Y la información que circula en medios alternativos es preocupante.
En Inglaterra el poder siguiendo el guión de los secretos filtrados que perjudicaban la “seguridad nacional” (Es decir, el silencio sobre los delitos contra los ciudadanos se impone) ha hecho que el editor del “The Guardian” haya dicho este mes que está recibiendo presiones para entregar todos los datos de Snowden, se detiene sin órdenes a periodistas y que agentes dirigidos por el Primer Ministro fueron a destruir discos duros. La libertad de informar cede ante la mentirosa Seguridad Nacional (es la seguridad de la élite económica, política y comunidad de inteligencia en esos países la que se resguarda, contra la población).
Tengo amigos que dirigen otros medios que se han visto visitados por automóviles de servicios del Estado al menos cinco veces en dos días por informar, desistiéndose el general director de Carabineros de una querella por otra información (tras abrir juicio para establecer veracidad). Casos como el de Snowden develan un Cabayo de Troya que terminará por afectar, de aprobarse esta legislación a quienes resguardan los intereses de la ciudadanía.
Así las cosas, la sensación de exposición de la vida privada explica la inercia en la que se mueve esto. Preocupa, porque la única garantía que tiene la ciudadanía de mantener un esquema de relaciones sano con el Estado es tener una prensa (o una parte de ella) que no se sujete a la coacción (incluso de pensamiento) que se impone a la población para informar. Al menos, aún quedan espacios para contar de estas preocupaciones.
Francisco Javier Larraín
Licenciado en Sociología
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