La discusión sobre nuestra institucionalidad cultural ha ocupado a los gobiernos desde el regreso de la democracia. En las comisiones que se han sucedido desde los años 90 y 2000 se han diagnosticado carencias y duplicidades en materia cultural dentro del aparato estatal. La creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes el año 2003 –impulsada por el Presidente Ricardo Lagos– fue un acto fundacional fundamental para el desarrollo artístico y cultural de Chile que, sin embargo, dejó fuera órganos públicos de trayectoria relevantes para la participación de la ciudadanía y el patrimonio cultural: la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) y el Consejo de Monumentos Nacionales que aún dependen del Ministerio de Educación.
Esta y otras dispersiones han impedido tener políticas culturales integrales, que se diseñen y ejecuten con una visión completa de todas las dimensiones de la cultura, dejando un panorama de duplicidad de responsabilidades y recursos en temas tan relevantes como el patrimonio, el derecho de autor, el fomento a la lectura, entre otras materias que el proyecto de ley que crea el Ministerio de Cultura, enviado al Congreso por el Presidente Piñera, no sólo ordena sino que fortalece con mirada de futuro.
A partir de lo ya construido, el proyecto propone una nueva institucionalidad en base a dos principios fundantes: por un lado, termina con miradas parciales y asegura la integralidad de las políticas culturales, al unir a los principales órganos públicos de la cultura nacional; y, por otro, fortalece la participación vinculante de la sociedad civil a través de la aprobación de las políticas por parte de un órgano colegiado representativo, inédito a cualquier ministerio. Esta facultad contemplada desde la creación del Consejo de la Cultura, continuará a través del nuevo Consejo Nacional de Cultura y Patrimonio, que tendrá su correlato en los Consejos Regionales de Cultura y Patrimonio, que se fortalecen como órganos de representación y asignación de recursos regionales destinados a cultura promoviendo con ello una mayor descentralización y florecimiento de polos culturales a lo largo de Chile.
Se propone una subsecretaría y dos servicios de igual jerarquía con presencia en todas las regiones del país. Por una parte, el Instituto de Fomento a las Artes y las Industrias Culturales (sucesor del CNCA) dedicado al fomento de la creación artística y que integra a los consejos y fondos del Libro, Música, Audiovisual y el Fondart. Por otra parte, la Dirección del Patrimonio Cultural (sucesora de Dibam y CMN), dedicada a la conservación del patrimonio cultural material e inmaterial, con oficinas en todas las regiones, que administrará los sistemas nacionales de bibliotecas, archivos y museos, la secretaría de Monumentos Nacionales y el nuevo Fondo del Patrimonio Cultural que esta ley propone.
En la construcción de este proyecto hemos dialogado con líderes culturales del país, la sociedad civil y el mundo político. Tenemos el convencimiento que sin cultura sólo tendremos crecimiento, pero no verdadero desarrollo. Atreviéndose a dar el paso hacia una institucionalidad integradora y participativa, que nos permita hacer florecer libre y democráticamente el arte y legar a las futuras generaciones nuestro patrimonio, lograremos poner a la cultura como eje de un país que no solo se distingue por sus éxitos, sino por ser más humano e integrador.
Luciano Cruz-Coke Carvallo
Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
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