La seremi de Justicia, Paula Middleton, explicó los alcances de estas medidas.
Con el fin de mejorar las condiciones de alrededor de mil 500 jóvenes imputados y condenados por delitos, el Ministerio de Justicia presentó un plan de once medidas que en un plazo de dos años serán implementadas en la totalidad de los centros y secciones juveniles del país.
“Son medidas integrales que tienen ejes de dignidad, reinserción y seguridad”, explica la seremi de Justicia, Paula Middleton.
El plan de la cartera, que significará una inversión de $7 mil millones de pesos, busca dar a los jóvenes en internación provisoria y aquellos condenados bajo la Ley N° 20.084 de responsabilidad penal adolescente, condiciones que optimicen su proceso de rehabilitación a partir de mejoras en infraestructura, educación, seguridad y tratamiento.
“La mayoría de estos chicos tiene, con suerte, segundo básico, entonces se van a implementar modelos especiales de educación y se van a orientar temas de capacitación laboral coordinados con Sence y Sofofa. La idea es que los jóvenes aprendan cosas que les sirvan para trabajar una vez que estén afuera”, agrega la seremi.
En el área de dignidad se contemplan mejoras en raciones alimentarias, atención de salud y en servicios higiénicos. En el área de seguridad habrá mejoras enfocadas a emergencias y se adquirirá ropa de cama para todos los centros. El área reinserción es la que contempla más medidas: Educación, capacitación laboral, actividades extraprogramáticas, intervención especializada, capacitación del personal, fomento a la participación y mejor convivencia.
“En la Región contamos con tres centros para jóvenes infractores de ley. El CIP–CRC de Graneros y el Semicerrado de Rancagua, dependientes del Sename; y también la Sección Juvenil de Rengo, administrada por Gendarmería”, puntualiza Paula Middleton.
Estas iniciativas cubrirán una serie de falencias que presenta la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que han sido criticadas por los especialistas.
Las medidas se aplicarán en los 17 centros cerrados del Sename del país, que mantienen a 1.300 menores infractores de la ley (de entre 14 y 18 años); y a otros 257 jóvenes que permanecen en las secciones juveniles de Gendarmería.
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