
El senador Alejandro García-Huidobro pidió la investigación a la Contraloría en el 2010.
La Contraloría General de la República determinó la culpabilidad de tres ex funcionarios del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) por mal uso de fondos públicos. Según informó el senador UDI Alejandro García-Huidobro, se trata de Pablo Baeza Zamorano, Julio Hadad Marín y Cristián Albornoz Becerra.
La investigación fue solicitada en octubre de 2010 por el entonces diputado García-Huidobro, quien acusó irregularidades en el programa “Jóvenes Bicentenario” del Sence que, en 2009, incluía diversos cursos, los cuales debían ser impartidos por organismos técnicos (Otec).
En un documento con fecha 12 de enero de 2012, agregó el legislador gremialista, la Contraloría General de la República propone la destitución del funcionario Pablo Baeza, la suspensión de Julio Hadad (privación del empleo por tres meses con la mitad del sueldo) más anotación de demérito de seis puntos, mientras que para Cristián Albornoz, ex director regional del Sence, sanciona con una multa de un 20% de su remuneración mensual, con anotación de demérito de cuatro puntos.
El senador García-Huidobro considera “impactante” lo sucedido en el Sence. “Los propios alumnos denunciaron lo que pasaba. Hay falsificación de firmas y libros de asistencia de personas que nunca asistieron a los cursos, lo más probable es que los funcionarios se coludieron, algunos hicieron vista gorda y se entregaron dineros que no correspondían. Se le sacó plata al Sence para llenar los bolsillos de las Otec, configurando fraude al fisco”, sentenció.
El fallo ratifica las denuncias del parlamentario, ya que “a seis Otec se les revocó la posibilidad de impartir cursos vía Sence. Esto tiene una vía paralela, que es la investigación de delitos que lleva el Ministerio Público. El Fiscal Regional informó que en las próximas semanas se formalizará a los funcionarios involucrados”, manifestó García-Huidobro.
Para el parlamentario, “esta investigación amerita una sanción ejemplar para funcionarios que hicieron vista gorda en una situación denunciada por los propios alumnos. Esa gente no puede estar más en el servicio público”.





