Ayer, el senador Alejandro García-Huidobro, dio a conocer la resolución de la Contraloría General de la República, que determinó la culpabilidad de tres ex funcionarios del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) por mal uso de fondos públicos.
La denuncia por presuntas irregularidades en el programa “Jóvenes Bicentenario” del Sence, fue presentada por el entonces diputado por Rancagua en octubre de 2010, y que, según sus antecedentes, el año anterior a la acusación, el 2009, los propios alumnos de distintos cursos impartidos por organismos técnicos capacitadores detectaron y dieron a conocer algunas situaciones que consideraron anómalas.
Entre esas situaciones, se destacó, en su oportunidad, la falsificación de firmas y de libros de asistencia, que incluían a personas que nunca asistieron a los cursos.
La solicitud del legislador se orientó a establecer las responsabilidades administrativas de los funcionarios encargados de los cuestionados programas, ya que, en su parecer, dichos funcionarios habrían hecho vista gorda ante lo ocurrido, coludiéndose con los responsables de impartir las capacitaciones para entregar los recursos fiscales, amparando el fraude al fisco.
Tras dos años de investigación, el pasado 12 de enero de 2012, según informó ayer a la prensa el senador gremialista, la Contraloría General de la República propone la destitución de uno de los funcionarios involucrados; la suspensión de otro, que considera el alejamiento de su trabajo por tres meses percibiendo la mitad de su sueldo, además de la anotación de demérito de seis puntos; y al director regional del Sence de la época, se le sanciona con una multa de un 20% de su remuneración mensual y anotación de demérito de cuatro puntos.
Igualmente, la investigación dio paso a la revocación de los derechos de seis organismos capacitadores, los que fueron excluidos de los registros del Sence y, por lo tanto, están imposibilitados de impartir cursos a través del organismo estatal.
Al margen de los efectos sobre los capacitadores, las tres personas sindicadas como responsables del fraude al fisco ya no pertenecen al servicio público, pero podrían ser formalizados en un futuro próximo por el mismo delito por el Ministerio Público, en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por los mismos hechos denunciados.
En paralelo a esta investigación surgió una segunda línea procesal, ya que tras denunciarse las irregularidades, el ex jefe de comunicaciones de la Intendencia Regional, a través de su Factbook, acusó a distintos funcionarios y ex funcionarios del organismo de ser los responsables de robo, uno de los cuales se querelló en su contra por injurias y calumnias.
Este proceso culminó en días pasados con el sobreseimiento del querellado.
Cuando alguien, especialmente en el ejercicio de cargos públicos –no en este caso en particular, sino que en general– omite o deja de hacer lo que debe hacer en el marco de sus funciones, como proteger los recursos de todos lo chilenos, indudablemente debe ser sancionado, porque la ley no tiene excepciones.
El que la hace, la paga, más aún si quien falta a sus responsabilidades es un funcionario público.
Julio E. Jerez Reyes
Director (I)
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