La formalización de cargos en contra de los ocho funcionarios que la Fiscalía Metropolitana Occidente identificó como los responsables operativos de enfrentar la emergencia post terremoto y maremoto del 27/F., está poniendo las cosas en su lugar.
Las grabaciones audiovisuales de los procedimientos realizados por la misma Onemi post terremoto y maremoto, el 27 de febrero de 2010, muestran de manera inequívoca que en realidad no existió ese día un proceder articulado ni una cadena de mando efectiva que permitiera reaccionar ante la emergencia.
Fallas en las comunicaciones, información inexistente, parcial y/o equivocada que llegaba a mandos “operativos” que no sabían requerirla ni interpretarla, mismos mandos que además daban la impresión de sentirse cohibidos para tomar decisiones dada la masiva presencia de autoridades políticas que pululaban por el lugar, esperando recibir de éstas órdenes “superiores” que jamás se cursaron, fueron en gran medida las causales de 181 compatriotas, de los cuales de 25 aún ni siquiera se recuperan sus cadáveres, resultaran muertos.
En resumen, el hecho es: 181 compatriotas resultaron muertos el 27/F, y la pregunta es no si podría haberse evitado, que está claro que sí podría haberse hecho, sino quién o quiénes fueron los responsables por ello no se hiciera. Porque culpables –en este caso más por omisión que por acción–, sin duda existen.
La Onemi y el Shoa eran los organismos encargados de anticipar la reacción –que en caso de maremoto producto de un terremoto en nuestro territorio, debe ser anterior incluso a la alerta– y de la misma alerta. Dos organismos que claramente el 27/F de 2010 no contaban con las capacidades humanas y operativas para cumplir con su misión.
El que así no fuese es “responsabilidad política” del Estado de Chile, y por tanto del Gobierno Bachelet, de sus predecesores y también de todos los parlamentarios que no fiscalizaron siquiera el cumplimiento de leyes y normativas que ellos mismos aprobaron para la ONEMI y el SHOA y si contaban con las capacidades necesarias para enfrentar un cataclismo como el del 27/F.
Sí, porque al 27/F de 2010, Chile vivía en un estado de falsa seguridad, con medidas para reaccionar o monitorear emergencias del tipo que en esa fecha se dieron, que en realidad existían sólo en el papel. ¿Se perseguirá también judicialmente ese tipo de (i) responsabilidades, o sólo las de los actuales ocho imputados?
Porque en ese contexto, obviamente quienes nos gobernaban, partiendo por la ex Presidenta Bachelet, pero también incluyendo a quienes debiesen haber fiscalizado que los organismos del Estado, hubiesen contado con toda la infraestructura y capacidad operativa que se suponía tenían, tienen responsabilidad por lo que se hizo, pero principalmente por lo que se dejó de hacer el 27/F. de 2010.
Roberto Alfredo Olivares Pizarro
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