En 2011, publicamos dos artículos con el mismo epígrafe del presente. Hoy presentamos una tercera versión, con los avances que vamos presenciando.
Los hechos, los porfiados hechos, demuestran lo que dijimos meses atrás: las torpes movilizaciones que presenciamos, la demencial destrucción de establecimientos educacionales, el papelón del magisterio, no han producido ningún resultado, que no sea uno solo: Hundir más y más la educación pública.
La fría estadística revela que, en las encuestas, tres de cada cuatro chilenos prefiere la educación privada, y está dispuesto al esfuerzo económico correspondiente para llevar a sus hijos a estudiar en tales establecimientos. Como se anticipó, la enseñanza pública bajó del 30 por ciento del total, las municipalidades se ven en la triste situación que habrá que cerrar o fusionar escuelas por la falta de alumnos, y que habría que despedir personal docente, por ser excesivo para la cada vez menor cantidad de alumnos. ¡Bravo, brillantes dirigentes estudiantiles y del Colegio de Profesores, están a punto de terminar con la educación pública!
Pero, lo anterior no basta: Ahora se pretende dictar una torcida ley, sustentada por una curiosa mescolanza de parlamentarios de todos los sectores, para prohibir que el Estado pueda aportar subvenciones a colegios que persiguen fines de lucro. El broche de oro.
Este curioso proyecto nos recuerda el caso famoso del “sillón de Don Otto”: cuando el personaje se enteró que su mujer lo engañaba con Fritz en el sillón, ¡decidió venderlo!, dando por superado el problema.
Con esa misma candorosa (o torcida) actitud, los brillantes parlamentarios estiman que, en vez de fiscalizar el uso adecuado de las subvenciones, para asegurar el resultado que la gente quiere, una educación de mejor nivel, escogen eliminar la subvención, es decir, vender el sillón, con lo cual no lograrán sino una de estas dos cosas: o los actuales colegios subvencionados privados deberán bajar su calidad, pagando menos a sus profesores, contratando personal docente mediocre, que es lo contrario de lo que se pretende, u obligarán a los colegios a subir sus aranceles, para absorber la falta de subvención, con lo cual los pobres deberán verse privados de seguir en ellos, u obligarán a las familias de menores recursos a un tremendo esfuerzo adicional para mantener a sus hijos en tales colegios.
Lo van logrando: Con estos zapatos de buzo, la educación va en caída libre al fondo del mar. Hay que sacarla de tan malas manos. ¡Que alguien venga a socorrerla!
Mario Barrientos Ossa.
Abogado.
Magister en Derecho U. de Ch.






