El informe se llevó a cabo en los momentos en que se desarrollaba el movimiento estudiantil en Chile.
Un estudio realizado por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (Orealc) de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) concluyó que el sistema educativo chileno «fomenta la desigualdad». El informe fue desarrollado por Vernor Muñoz -ex relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación, entre 2004 y 2010- e hizo una comparación con marcos legislativos que rigen esta materia en Argentina, Uruguay, Finlandia y Chile.
El informe destaca que las legislaciones de Argentina y Uruguay «son muy explícitas en restringir cualquier posibilidad de mercantilizar la educación, incluso prohibiendo la suscripción de tratados internacionales que faciliten que la ésta sea tratada como un bien de consumo».
En cambio, la Constitución chilena «enfatiza la protección del derecho preferente de los padres de educar a sus hijos e hijas, es decir, en Chile la ley deposita en los padres y las comunidades un alto nivel de responsabilidad en términos de asegurar la educación, impedir la discriminación u ofrecer una educación de calidad, en desmedro del rol del Estado que debiera ser el garante de este derecho».
La investigación destaca, por otra parte, que en el tema de becas y subvenciones el sistema chileno «protege y beneficia a la iniciativa privada, excluyendo el concepto de educación como un bien público».
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