Durante la mañana del pasado lunes 21 de abril, el Juzgado de Garantía de Rancagua resolvió mantener la prisión preventiva de Juan Ramón Godoy, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, lavado de activos, delitos tributarios y cohecho agravado y reiterado, ilícitos perpetrados desde 2021, en la comuna.

En la audiencia de revisión de la medida cautelar, el magistrado Gianni Libretti Peña mantuvo la privación de libertad de Godoy, pero por peligro de fuga, por lo que fijó la caución -fianza- en la suma de $70 millones y en el evento que la pague quedará sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario total, prohibición de contactar con los coimputados y arraigo nacional.

En la instancia, además se decretó el aumento del plazo de investigación en 45 días.

“A juicio del tribunal existen antecedentes de comisión del delito y participación. Lo que debe determinar el tribunal es que si se puede aún mantener la medida cautelar de prisión preventiva habiendo transcurrido un año desde la misma, no habiéndose cerrado la investigación ni llegado a juicio oral”, consigna la resolución del tribunal.

Adicionando que, “no constituye un peligro para la seguridad de la sociedad por cuanto ya no tiene el carácter de funcionario público, la investigación se encuentra prácticamente agotada y lo único que sustenta la prisión preventiva es el cumplimiento de la pena, por lo tanto se modificará la medida cautelar de peligro para la seguridad de la sociedad a peligro de fuga, y se fijará una caución económica o hipotecaria de un inmueble que no sea del imputado, sino de un tercero”.

La audiencia que podría dar pie a que la exautoridad salga de la prisión preventiva, generó diversas reacciones. Hugo Guzmán, exconcejal y querellante en la causa, se mostró en contra de la posibilidad de que Godoy pueda salir de la cárcel ya que, “creo que aquí existe un gran problema, dado que aún hay importantes diligencias por realizar y estando en su domicilio con acceso a internet, teléfono, whatsapp, correo electrónico, de algún modo se puede transformar en un peligro para la investigación”.

“Acá se han visto dañados temas tan sensibles en las arcas municipales como son salud, educación, la fe pública y por ningún motivo, como querellante, quiero permitir que finalmente se pueda ver afectada la investigación”, agrega.

Finalmente sostiene que, “por tanto, mi intención, mi deseo y consensuado con los abogados, vamos a apelar para revertir y que él pueda seguir en prisión preventiva hasta que por lo menos inicie el juicio oral”.

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