El Cuerpo de Bomberos de Machalí enfrenta un escenario de tensión interna tras la detección de posibles irregularidades en la administración de fondos, que incluyen facturas y boletas de honorarios presuntamente falsas, transferencias a cuentas personales y pagos no justificados. Los hallazgos, que comenzaron a revelarse en reuniones del directorio durante el año 2024, han generado preocupación entre los voluntarios y motivado la intervención de la justicia.

Según fuentes internas, en agosto de 2024 se solicitó la renuncia de varios oficiales generales ante la detección de inconsistencias financieras. Entre los renunciantes se encontraban: Carlos Soto Mancilla (superintendente), Luis Díaz Durán (vicesuperintendente), Cristián Soto Fuentes (primer comandante e hijo de Carlos), Mario Muñoz (segundo comandante), Óscar Salinas Soto, (tesorero general) y Víctor Maye (secretario general).

Tras estos cambios, se llevaron a cabo nuevas elecciones, en las que asumieron Carlos Ceballos como superintendente, José Montesinos como vicesuperintendente, Valentín Mendoza como primer comandante y Miguel Ayala como segundo comandante. Durante esta nueva jefatura fue que identificaron presuntas irregularidades vinculadas al primer comandante, Cristián Soto, por cotizaciones de equipamiento que se consideran posiblemente falsas, lo que derivó en su suspensión temporal por parte del consejo superior de disciplina.

El abogado encargado del caso, explicó que una auditoría externa realizada sobre los años 2022 a 2024 detectó pagos duplicados, horas extras no justificadas, viáticos sin respaldo y boletas emitidas por trabajos que no se realizaron. Asimismo, se identificó una donación de 500.000 pesos al Tesorero Nacional, Rodrigo Muñoz, respaldada por una factura que no correspondería a trabajos reales y transferencias de dinero a la viuda de un excomandante.

Entre las irregularidades también se dio cuenta del uso indebido de la clave de un funcionario de la municipalidad de Machalí para emitir boletas a nombre de terceros. Al respecto, el abogado explicó: “Él no sabía hacer boletas, entonces le confió al superintendente anterior (Carlos Soto) su clave única y su RUT para que él se encargara de emitirlas, y al parecer siguieron utilizándola para generar boletas por servicios que él no había prestado.

El reporte interno también reveló deficiencias en el inventario de la bodega del Cuerpo de Bomberos, donde se mantenían equipos obsoletos o deteriorados, algunos de ellos de más de diez años de antigüedad, mientras las compañías tenían que adquirir material con recursos propios. Según voluntarios, quienes tenían acceso a la bodega eran el subintendente y el primer comandante, es decir padre e hijo.

Autodenuncia y expectativas judiciales

A raíz de estos hallazgos, el nuevo directorio del Cuerpo de Bomberos solicitó una autodenuncia ante la PDI, que fue remitida a la Fiscalía Regional de O’Higgins, acompañada de documentación que incluye facturas, transferencias y correos internos. Hasta la fecha, la investigación judicial avanza de manera lenta y ningún imputado ha sido formalizado, mientras algunos responsables permanecen en cargos dentro de la estructura nacional de Bomberos.

El abogado explicó que la investigación podría derivar en múltiples delitos: «Eventualmente podría haber administración desleal, uso malicioso de instrumento mercantil incluso, usurpación de clave o identidad.»

Un integrante activo del equipo señaló de manera anónima a El Tipógrafo, que “la justicia tendrá que decidir qué pasó con esa plata. Nosotros no estamos diciendo que sacaron de un bolsillo para meterlo en otro; estamos señalando administración desleal, boletas falsas y facturas irregulares”. El voluntario agregó que el próximo 8 de diciembre se realizarán nuevas elecciones para los cargos del Cuerpo de Bomberos y que, de resultar electos los involucrados, podría dificultar la continuidad de la investigación.

Hasta el cierre de esta edición se intentó contactar a Carlos Soto Mancilla, sin embargo, no se obtuvo respuesta.

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